La pobreza en que vive la mayoría de los nicaraguenses, a causa de las políticas económicas excluyentes y la falta de empleo, se agravó con la tragedia que representó para Centroamérica el huracán Mitch.

Nicaragua el país más empobrecido de Centroamérica, tiene su mayor riqueza en los recursos naturales y el ritmo de su economía depende fundamentalmente de los buenos, regulares o malos inviernos de cada año. Un fenómeno natural de la magnitud del huracán Mitch vino a darle una estocada al corazón de su estructura agropecuaria.

Desde el 25 de octubre, Nicaragua fue azotada por la furia del Mitch. En los dos últimos días de octubre, la situación se agravó con la destrucción de muchas vías de comunicación por las fuertes corrientes de agua producidas por copiosas lluvias, que batieron records históricos. En los primeros días de noviembre, se produjeron los peores estragos, con el desborde de ríos y el derrumbe de cerros, que provocaron incontables muertes y daños materiales.

Desde un inicio los medios de comunicación alertaron a la población y al gobierno sobre la gravedad de la situación. El gobierno relativizó el desastre calificándolo de «simples lluvias», y en ningún momento emprendió acciones de prevención para buscar cómo proteger a las comunidades en mayor riesgo.

El Ejército de Nicaragua y la Defensa Civil comenzaron a trabajar desde un inicio. Yamilet Bonilla, Secretaria de Acción Social, fue la primera funcionaria del Ejecutivo a quien se le ocurrió nombrar un Comité de Emergencia para atender a los primeros damnificados en Malacatoya (Granada) y comarcas aledañas.

Diferentes sectores de la población demandaron el establecimiento del Estado de Emergencia. Sin embargo, el gobierno tratando de minimizar la tragedia, se negó a decretarla con argumentos carentes de todo fundamento. El Presidente se negó aduciendo que la medida sería aprovechada por las ONG, que desviarían los fondos y las donaciones que se hicieran y que además, la banca privada quebraría porque los deudores se acogerían a la emergencia para no pagar. El 1 de noviembre, el Vicepresidente de la República, Sr. Enrique Bolaños, declaró en conferencia de prensa, seguido de una campaña publicitaria, que no había necesidad de decretar tal emergencia porque implicaba la suspensión de derechos y garantías a los nicaragüenses y que el Gobierno no deseaba tal cosa, lo que es inexacto.

Ante la presión pública, el gobierno decidió crear mediante un acuerdo presidencial el 30 de octubre el Comité de Emergencia Nacional, aunque sin especificarles funciones ni hacer referencia a que este Comité se creaba para atender la problemática ocasionada por el huracán Mitch. Ante ese vacío legal, en su segundo informe sobre la tragedia, el CENIDH insistió que era más urgente una adecuada planificación y actuación coordinada con la Defensa Civil, institución que tiene existencia legal y funciona de manera permanente contando con normativas, experiencias y regulaciones puestas en práctica con éxito en catástrofes anteriores. Para salir al paso a las múltiples críticas, el gobierno opto finalmente por Decretar "Situación de Desastre Natural", figura que no se encuentra contemplada en nuestro ordenamiento jurídico y del que, incluso, no se conoció el contenido porque ni siquiera fue publicado.

Otro hecho que evidenció la insensibilidad del gobierno fue el anuncio de que el Comité Nacional de Emergencia implementaría como una de las alternativas para la población damnificada, un Programa de Empleo Comunitario para la limpieza y reparación de aproximadamente 4 mil 500 kilómetros de caminos en los sectores rurales, involucrando a unas 10 mil personas de los mun-icipios afectados por el Mitch. Para el desarrollo de este programa, se señaló como mu-nicipios favoreci-dos» a los que resultaron mayormente afectados en la catástrofe, los que necesitaban más de ayuda inmedia-ta y sin ningún tipo de condiciones.

La alternativa constituyó una violación a la Constitución Política de Nicaragua, que establece como un derecho de los nicaragüenses la remuneración en moneda de curso legal para cualquier trabajo que desarrollen. Y una violación al Código del Trabajo, que prohibe el pago con mercadería u otra cosa que pretenda sustituir la moneda.

La alternativa laboral constituyó también un irrespeto a la necesidad y al hambre de los miles de damnificados, al pretender el gobierno que éstos paguen con trabajo la poca ayuda que les ha brindado, pues en la catástrofe, quienes verdaderamente asumieron una actitud de solidaridad frente al dolor de los nicaragüenses fueron los organismos internacionales, los gobiernos y pueblos amigos, que brindaron su apoyo incondicional en alimentos y medicinas, y el propio pueblo nicaragüense, que contribuyó generosamente recolectando ayuda para los damnificados.

El CENIDH considera inaudito que el Presidente de la República dispusiera que miles de personas que aún no se recuperaban de la tragedia y que ni siquiera habían encontrado a sus muertos, pagaran con trabajo la ayuda que el gobierno tiene obligación de proporcionarles.

La falta de información y coor-dinación entre las instituciones estatales originó que diferentes voceros guber-namentales emitieran criterios e informaciones contradictorias. De acuerdo a criterios técnicos, toda catástrofe natural tiene como mínimo tres etapas que atender de diferente forma: de la emergencia propiamente dicha o auxilio inmediato para salvar la vida de las personas, se pasa a una segunda de rehabilitación y a una tercera de reconstrucción.

Resulta lógico que, para dar por finalizada una etapa para pasar a la siguiente, se haga previamente una evaluación. Además, en una situación como la creada por el huracán Mitch las etapas no necesariamente podían coincidir en el tiempo ni darse a la vez en todos los lugares del desastre.

Sin embargo, cuando aún centenares de refugiados demandaban atención alimentaria en los refugios y tierras para reubicarse, el Vicepresidente Bolaños anunció con gran sorpresa que había terminado una emergencia que nunca decretaron y comenzaba la rehabilitación, sin ninguna diferenciación ni especificación de una a otra etapa.

La incapacidad del gobierno se evidenció también en la distribución de la abundante ayuda humanitaria que la comunidad internacional envió hacia Nicaragua. Además de no distribuirse con la prontitud que ameritaba la situación, la entrega de la ayuda fue politizada.

Una muestra de tal incapacidad es haber traspasado la responsabilidad de la distribución de la ayuda a la Iglesia Católica, según el propio Presidente Alemán "para evitar señalamientos de corrupción". El CENIDH reconoce que algunas instancias de la Iglesia Católica desarrollan acciones de asistencia social en circunstancias de emergencia, como lo hacen también las iglesias evangélicas, pero nunca han desempeñado esta labor desde una posición de gobierno.

En este caso se trató de suplantar a las autoridades departamentales y municipales al subordinarlas a Obispos y a sacerdotes nombrados por el Presidente Jefes de los Comités de Emergencia. Sin subestimar la auténtica vocación humanista de la Iglesia Católica y su voluntad de no discriminar a los damnificados por motivos políticos o religiosos, consideramos que algunos miembros de la Iglesia Católica, sin proponérselo, contribuyeron a la politiquería gubernamental asumiendo funciones de gobierno.

Al responder a la tragedia, el gobierno excluyó a sectores sociales y poblacionales de la participación en la solución de los problemas generados por el desastre. Un ejemplo fue no incluir a las organizaciones no gubernamentales en el Comité de Emergencia Nacional, cuando en una carta más de 200 organizaciones lo solicitaron sin obtener respuesta alguna.

No se dio una campaña tampoco a través de los medios de comunicación para orientar a la población acerca de las medidas y precauciones que debía para prevenir la propagación de enfermedades, para coadyuvar en el saneamiento ambiental, o para garantizar su seguridad al transitar por determinados caminos y carreteras en las zonas del desastre.

Tampoco se conoció una estrategia nacional de reconstrucción. Resultó lamentable ver cómo el gobierno gastaba miles de córdobas en campañas televisivas donde anunciaba lo que estaba distribuyendo sin explicar que lo distribuido proviene de la ayuda internacional. Así, las donaciones de la comunidad internacional han sido usadas para favorecer la imagen gubernamental, que presenta como "obras de progreso" nacionales las obras realizadas con apoyo externo.

En el informe anual de su gestión gubernamental presentado el 10 de enero ante la Asamblea Nacional, el Presidente Alemán señaló que, como consecuencia del huracán Mitch: 870,000 personas resultaron damnificadas, cantidad equivalente al 18.2 % de la población total. Muertos, desaparecidos y heridos: 2,400, 938 y 287, respectivamente. Un poco más del 70 % de los afectados pertenecen a los Departamentos de Chinandega, León, Matagalpa y Jinotega. Precisó en su informe que los requerimientos financieros para afrontar el proceso interno de rehabilitación, reconstrucción y transformación, se estimaban en 1,400 millones de dólares, a los que había que agregarle un estimado inicial de 227 millones de dólares para un Plan Emergente de Protección y Manejo Ambiental.

La Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) estimó que el país perdió el 52% de toda el área de siembra de postrera y el 35% de toda el área de producción agrícola del ciclo 97/98, con costos calculados en 52 millones de dólares. Sólo en la producción de café las pérdidas fueron del 70% y el producto que se salvó perdió calidad. Las zonas donde se cultiva arroz como Sébaco y Malacatoya fueron arrasadas. Igual suerte corrieron los lugares donde se siembran hortalizas. En el hato ganadero la pérdida fue del 42 % en la producción de leche, además de daños en los pastizales y el cálculo de 12 mil cabezas de ganado ahogadas. Sin lugar a dudas, la economía campesina resultó más dañada con pérdida de casas, milpas, gallinas, cerdos, etc.

En el ámbito ecológico las pérdidas son incalculables, sobre la situación de emergencia ya existente, como producto de la guerra y de la falta de medidas adecuadas para proteger el ambiente (deforestación, quemas, contaminación de lagos, lagunas y ríos), el Mitch vino a profundizar la erosión de los suelos dejando en algunos lugares verdaderos desiertos, como en el de los 80 km cuadrados de devastación causados por el derrumbe del volcán Casita en Posoltega.

A criterio del CENIDH, el mayor estrago causado por el Mitch son los miles de vidas humanas pérdidas que pudieron haber sido menos si se hubiera tomado en serio el peligro que significaba el huracán. La negligencia del gobierno lo convirtió en violador, por omisión, del derecho a la vida de quienes murieron y de los sobrevivientes damnificados.

Para 1999, año de reconstrucción de las zonas devastadas, el CENIDH expresa su temor de que se "culpe" al Mitch del caos institucional reinante y de las debilidades de la gestión gubernamental y de que la generosa ayuda internacional que llega al país sea empleada no para resolver las necesidades de las comunidades directamente afectadas sino para proyectos estructurales, empresariales o de carácter nacional, vinculados a los sectores económicos o políticos más poderosos.

La preocupación del CENIDH no es infundada. Al cierre de este informe no se conocen planes destinados a resolver los problemas de la gente, que sean los daminificados el sujeto principal para restablecer y transformar sus condiones de vida.

Todas las acciones parecen apuntar a lla reconstrucción de la infraestructura destruida, que acompañada de una inmensa campaña publicitaria y actos de inauguración, presentan al Presidente de l a República como el "gran reconstructor".

Dichas acciones y procedimientos son una excelente plataforma de proyección personal que sugiere propósitos políticos partidistas.