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5.
Derechos de los pueblos

 

5.1 Derecho a la Soberanía y Autodeterminación

Los problemas limítrofes de Nicaragua con países vecinos tuvieron expresiones graves en 1998, especialmente por la pretensión de Costa Rica -avalada inicialmente por el gobierno de Nicaragua- de que agentes de sus fuerzas de seguridad navegaran armados por el Río San Juan, que es territorio nicaragüense. También continuó la pesca ilegal en aguas territoriales nicaragüenses en ambos océanos, aunque la colocación de una primera boya para establecer límites en el sector del Golfo de Fonseca representó un avance. El litigio con Colombia siguió latente, revivido por Costa Rica como forma de «venganza» por el conflicto en el Río San Juan.

En el mes de julio, el gobierno nicaragüense permitió al gobierno costarricense abrigar alguna esperanza de control sobre las aguas del río San Juan, al suscribir el Ministro de Defensa de Nicaragua, Jaime Cuadra -por órdenes del Presidente de la República- y el Ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Juan Rafael Lizano, un comunicado conjunto, que en una de sus partes, decía que «los tripulantes de las embarcaciones de la Fuerza Pública de Costa Rica que realizan los relevos de policías y el abastecimiento de los cuerpos fronterizos ubicados en la ribera del río San Juan, navegarán por el mencionado río una vez realizado el aviso correspondiente, portando únicamente sus armas de reglamento, para lo cual las autoridades militares nicaragüenses podrán acompañar en sus propios medios de transporte a las embarcaciones costarricenses que realicen el recorrido por el río San Juan».

Se otorgaba así a los costarricenses derechos no establecidos en el Tratado Jerez-Cañas, que contempla la navega-ción de costarricenses en las aguas del San Juan en determinada área y sólo con fines estrictamente comerciales. Al permitir la circulación por parte del territorio nicaragüense a extranjeros armados, el comunicado violaba también el artículo 95 de la Constitución nicaragüense, que establece que «no pueden existir más cuerpos armados en el territorio nacional ni rangos militares que los establecidos por la ley».

El CENIDH condenó el comunicado conjunto como un acto violatorio de la soberanía nacional y solicitó a la Asamblea Nacional que sesionara de forma extraordinaria para rechazarlo. Vilma Núñez, Presidenta del CENIDH, en su calidad de ciudadana lesionada, iinterpuso en el Tribunal de Apelaciones de Managua un Recurso de Amparo contra el comunicado conjunto, que fue admitido por el Tribunal y actualmente se encuentra en trámite ante la Corte Suprema de Justicia.

El comunicado fue anulado por la Asamblea Nacional, a causa de la avalancha de presiones y señalamientos públicos, que acusaban al gobierno de abandonar la defensa de la soberanía nacional. Los costarricenses, sin embargo, continuaron presionando al gobierno de Nicaragua y el Ejecutivo, presidido por el Presidente Miguel Angel Rodríguez, solicitó a la Asamblea Legislativa que se ratificara el Tratado bilateral que en 1977 suscribió Costa Rica con Colombia, reconociendo a los colombianos soberanía sobre los cayos del Caribe que Nicaragua viene reclamando desde hace muchos años como suyos.

La decisión del gobierno costarricense fue interpretada no sólo como de abierto chantaje, sino como anti centroamericanista. Especialmente, porque en 1996 los Parlamentos, tanto Honduras como Costa Rica, y en nombre de los ideales centroa-mericanistas, habían acordado que mientras Nicaragua no solucionara sus conflictos con Colombia, ninguno de los dos países ratificarían tratados limítrofes con Colombia.

 


La Dra. Vilma Núñez de Escorcia, interpone Recurso de Amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Managua.
El CENIDH ha venido señalando con insistencia que el Estado nicaragüense carece de una estrategia orientada a restituir la soberanía nicaragüense sobre la plataforma continental en el Mar Caribe. Todo parece indicar -también este incidente- que esto no variará con el actual gobierno.

Los problemas de pesca ilegal en aguas territoriales nicaragüenses originaron roces no solo diplomáticos con Costa Rica, sino también tensiones entre las fuerzas navales de Honduras y Nicaragua. Estas tensiones continuarán dándose a lo largo de 1998, a pesar de que después de dos años de negociaciones se llegó este año finalmente a un acuerdo para la delimitación de las fronteras de Honduras, Nicaragua y El Salvador en las aguas del Golfo de Fonseca, colocándose, además la primera boya de demarcación. Pese al reclamo hondureño destinado a ampliar su zona de pesca, el acuerdo contempla que la primera boya se ubicará en el centro del espacio marítimo que Honduras y Nicaragua reclaman como suyo.

El CENIDH considera prematuro juzgar que este primer paso logre superar los históricos conflictos con Honduras en esa zona, que tienen un origen fundamentalmente económico. Cálculos extraoficiales señalan que el comercio de la pesca ilegal está debidamente organizado hacia Honduras con conexiones nicaragüenses y que produce a los contrabandistas unos 2 millones de córdobas por cada viaje que hacen transportando larvas de camarón, que van a parar a las granjas camaroneras hondureñas. Es preocupante la presencia -denunciada desde 1997- de militares hondureños en este lucrativo comercio ilegal.

Los pescadores hondureños -también los salvadoreños- terminaron prácticamente con las larvas de camarón en sus países. En Nicaragua, el Estel y las costas de los Departamentos de Chinandega y León son ricas en camarones y en larvas. A pesar de eso, informes regionales dan cuenta de que tanto Honduras como El Salvador exportaron al mercado mundial más camarón que Nicaragua en los últimos años. La riqueza en larvas del pequeño crustáceo que nace en aguas nicaragüenses y que en pequeñas lanchas se evade por las fronteras, permite pensar que este camarón es en realidad nicaragüense.

Este año ocurrió otra situación significativa en referencia a la explotación de los recursos marítimos nicara-güenses. Fue la intención de Costa Rica de que se le otorguen 200 permisos para igual número de pesqueros que pescarían en aguas nicaragüenses, y esto a cambio de permitir que miles de inmigrantes nicaragüenses puedan trabajar legalmente en Costa Rica. El director de MEDEPESCA declaró que el gobierno de Costa Rica amenazó con suspender el abastecimiento de productos a los pescadores nicas de la zona de Barra del Colorado, fronteriza entre ambos países, si el gobierno de Nicaragua no otorgaba los permisos. Por esta razón, Nicaragua solicitó a la fuerza naval nicaragüense reforzar su presencia en las fronteras marítimas para disminuir la piratería y el tráfico de larvas de camarón. Este problema es una consecuencia de las dificultades históricas que ha experimentado la delimitación de fronteras entre ambos países.

Aunque el discurso oficial proclama la defensa de la soberanía nacional, el nacionalismo -exacerbado este año con el incidente con Costa Rica por la soberanía sobre el río San Juan- no pasa de palabras. No se ejecutan planes de desarrollo para la población que vive en las zonas limítrofes, lo que ha originado hasta el surgimiento de varios «movimientos anexionistas», como el que este año se produjo entre alcaldes y pobladores de los municipios de Cinco Pinos y San Francisco del Norte, en el Departamento de Chinandega, que pidieron anexionarse a Honduras para vivir mejor, en respuesta al total abandono en que los tiene el gobierno central.

Similar situación se presentó en el mes de junio en el municipio de Cárdenas, Departamento de Rivas, fronterizo con Costa Rica, donde sus pobladores declararon a medios costarricenses la intención de anexarse a Costa Rica ante la falta de respuesta que el gobierno de Nicaragua daba a sus necesidades básicas. Sólo cuando la posición de la población de Cárdenas fue conocida a través de los medios masivos, llegaron al lugar el Presidente de Nicaragua y varios de los altos funcionarios de su gobierno, para comprometerse a desarrollar proyectos en la zona. Llamó la atención la desacertada declaración del Presidente del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, José Rizo Castellón, que ante el conflicto expresó que «si la gente de Cárdenas se quiere hacer costarricense que lo haga; eso no significa que se llevarán sus terrenos», olvidando que el mayor fundamento y tesoro de una nación son sus ciudadanos.

En el Atlántico, por condiciones de abandono análogas a las de otras comunidades, representantes de las comunidades indígenas de la región manifestaron su interés en crear un gobierno ejecutivo que responda a las necesidades de sus habitantes. La única respuesta del gobierno central la expresó el Procurador General de Justicia, quien con tono confrontativo se limitó a calificar de separatistas y de traidores a la patria a los representantes de los indígenas.

La mayor de las violaciones a la autodeterminación del pueblo nicaragüense es la política gubernamental de aplicar programas económicos impuestos por los organismos multilaterales que, entre otras medidas, nos comprometen a entregar onerosos pagos anuales por el servicio de la deuda externa: el 40% de los ingresos que obtiene el país por sus exportaciones.

La deuda externa hace cada vez más inviable el desarrollo de Nicaragua. Representa tres veces el producto interno bruto anual del país y drena recursos nacionales que debían invertirse para el pago de la «deuda social» que el gobierno tiene con la población: salud, vivienda, educación, generación de empleo y producción de alimentos.

Después de la reunión del Grupo Consultivo en Ginebra, en mayo, se acordó que en el año 2000 Nicaragua sería beneficiada con la condonación del 80% de su deuda con los países del Club de París, un 25% de la deuda total, que asciende a 6,500 millones de dólares. Con este perdón, Nicaragua ingresaría a la Iniciativa para Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC), destinada no tanto a cancelar deudas sino a ajustarlas de una manera racional para que puedan seguir siendo pagadas por los países pobres. La catástrofe ocasionada por el paso del huracán Mitch por Nicaragua y Honduras adelantará los plazos para el ingreso de Nicaragua en la HIPC, iniciativa que ha sido muy cuestionada por sectores sociales y financieros de todo el mundo.

En 1998, el Presidente de la República, haciéndose eco de posiciones de sectores confrontativos del exilio cubano, y en contradicción con la comunidad internacional -que en el seno de Naciones Unidas se viene pronunciando por el fin del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba- no respaldó, por segundo año consecutivo la condena de Nicaragua al bloqueo en la Asamblea General de la ONU celebrada en octubre -Nicaragua se abstuvo en la votación-, y al participar en la Cumbre Iberoamericana de Oporto declaró que Nicaragua no asistiría a la Cumbre de 1999 que se realizará en La Habana. Anunció también el Presidente de Nicaragua que trabajaría para que otros países lo siguieran en esta posición anti-cubana, pero su palabra, seguramente aplaudida en Miami, cayó en un total vacío entre los latinoamericanos.

5.2 Derecho a un Medio Ambiente Sano

En Nicaragua, el deterioro del medio ambiente sigue siendo una realidad dramática, a pesar de que leyes y decretos nacionales e internacionales prohiben ya muchas de las actividades que perjudican nuestros diferentes ecosistemas.

Bosawás, el llamado «pulmón de Centroamérica», reserva forestal con los mayores índices de biodiversidad del planeta, podría desaparecer en pocos años por causa de la irracional explotación de madera que allí se realiza, y en la que participan personalidades de varios colores políticas, todas con gran poder econóÑico. En 1998, Bosawás fue reconocida como Reserva de la Biosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que la calificó como uno de los últimos refugios de la vida silvestre que conserva su bosque natural casi virgen.

En Bosawás han vivido durante siglos y en armónica convivencia con la Naturaleza los pueblos mískito y mayangna. Según el Ejército de Nicaragua, 80 familias se introdujeron a vivir en la reserva y a diario unas 20 mil personas realizan dentro de la reserva y sus alrededores una tala indiscriminada del bosque.

El Foro de Sociedad Civil de Matagalpa denunció que 5 mil motosierras están devastando los bosques de Bosawás. Haciendo un simple cálculo, si cada motosierra puede trabajar a diario sobre unos 10 mil metros cúbicos de madera, las 5 mil motosierras tienen capacidad de destruir la reserva en sólo dos años.

Las empresas que se dedican al negocio maderero utilizan en algunos casos rutas no controladas por el MARENA y en ocasiones existe complicidad de funcionarios de este Ministerio y de otras instituciones estatales en el tráfico de maderas preciosas. De acuerdo a un informe del Centro Humboldt, en la zona existen conflictos de tierra aún sin demarcar, tráfico ilegal de animales y de maderas preciosas y un imparable avance de los campesinos sobre la frontera agrícola, con los trágicos efectos de quema y roza de tierras que ocupan valiosos bosques.

Según el Centro Humboldt, el 40% de la madera que sale de los bosques nicaragüenses lo hace legalmente. El resto, el 60% se trafica de forma ilegal por la frontera hondureña y por Río San Juan. El ministro del MARENA dio a conocer que la exportación de madera en 1997 fue de 18,600 metros cúbicos, y sostuvo que -al menos legalmente- la exportación de maderas preciosas está suspendida, aunque admitiendo a la vez que la institución no tiene capacidad para frenar el comercio ilegal.

Se conoce de pocos planes fores-tales coherentes con la conservación de las Areas Protegidas, que aseguren el mantenimiento de su biodiversidad y su renovabilidad y detengan su destrucción y saqueo. Y está por verse la eficacia de otras medidas de carácter coercitivo. En 1998 se implementó la ampliación de la cobertura de vigilancia en la reserva boscosa ubicada al sur del país -52 kilómetros adicionales- y se prometió ubicar cinco puestos de control en cinco puntos estratégicos. Una medida similar se implementará en Bosawás, en donde se establecerán cinco puntos de vigilancia.

1998 fue un año de serias consecuencias ambientales a causa de la extensión que tuvieron las tradicionales quemas para preparar las tierras para el ciclo agrícola. Los incendios forestales tuvieron proporciones alarmantes, provocando estragos en varios ecosis-temas y llenando durante semanas la atmósfera de una densa capa de humo que causó enfermedades respiratorias, lluvias ácidas y hasta el cierre durante días del aeropuerto de Managua, por ser imposible la visibilidad para la navegación aérea.

Según Julio Tenorio, de la Sección de Prevención de la Dirección General de Bomberos, en 1997 esta institución apagó 1,327 incendios de monte, pastos y basuras, 500 casos más que en 1996. Pero sólo en los primeros cinco meses de 1998 atendió 8,574 emergencias de este mismo tipo.

Uno de los incendios más grandes se produjo en el mes de enero en las faldas del volcán Cosigüina, en Chinandega, lugar que conserva un bosque tropical seco y un cráter con una laguna que tiene rasgos naturales muy característicos, con una flora y una fauna de mucho valor. Las pérdidas fueron cuantiosas.

Según el economista René Escoto, Nicaragua perdió en 1998 por causa de los incendios forestales 400 millones de dólares, cantidad que representa el 20% del PIB de 1997. El fuego dañó 526 mil 365 hectáreas de bosque y 375 mil 975 hectáreas agropecuarias. Sólo en bosques de madera preciosa la pérdida fue calculada en 142 millones de dólares y en plantas medicinales -sin posibilidad de recuperación- en 126 millones.

Tal magnitud alcanzaron en los primeros seis meses de 1998 las quemas y sus consecuencias negativas, que el propio Contralor General de la República, Agustín Jarquín, hizo una visita a la región del Atlántico, donde constató la destrucción, proponiendo incluso que el gobierno declarara un «estado de emergencia ambiental».

Los recursos acuíferos de Nicaragua están también en grave peligro. Uno de ellos, la Laguna de Apoyo, está cercana a su desaparición por falta de una adecuada utilización y por carecer el Estado de mecanismos de protección. Ubicada entre los Departamentos de Granada y Masaya, rodeada por Diriá, Diriomo, Catarina y San Juan de Oriente, la Laguna se ha ido desgastando, casi hasta el agotamiento, por la cercanía de tantas poblaciones que llevan años sacando leña, cazando animales y cultivando en sus alrededores sin tomar ninguna medida de conservación.

En 1998, altos funcionarios del gobierno cerraron una parte de las costas de la Laguna de Apoyo con muros de piedras que protegían sus residencias privadas. Entre ellos, el Ministro de Educación José Antonio Alvarado y la Ministra de Salud, Marta McCoy. Con este proceder violaban el artículo 72 de la Ley General de Medio Ambiente y los Recursos Naturales que establece que «el Estado se reserva la propiedad de las playas marítimas, fluviales y lacustres».

Después de una denuncia pública que hicieron pobladores del lugar afectados por los muros, y tras la oportuna intervención del CENIDH, de varios medios de comunicación, de movimientos ambientalistas de Masaya y de otros grupos sociales, se logró que los funcionarios derribaran los muros construidos, aunque no las terrazas que también han levantado en sus casas de veraneo y que obstruyen la libre circulación de los pobladores y causan daños al ecosistema de la laguna.

Dentro de 20-30 años según Carlos Tunermann, representante regional de la UNESCO, si los seres humanos no saben apreciarla y conservarla, el agua se podría tranformar en un recurso cada vez más escaso en el mundo, convirtiéndose en el «oro azul» y en motivo de guerras entre los pueblos. El agua para el consumo humano ya es escasa en nuestro planeta -donde el 97.5% del agua que existe es salada, sólo 2.4% es dulce y sólo 10 países controlan el 65% del agua útil-. Más de 1,000 millones de personas carecen de agua potable y el 50% de la población mundial carece de sistemas de aguas servidas. A nivel mundial, el consumo de agua se ha multiplicado por siete. La agricultura consume el 70% de los recursos de agua dulce, la industria y el sector energía el 22%, y la alimentación y la higiene humana el 8%.

En Nicaragua, ríos como Los Caleros, en Villa Carlos Fonseca, están en peligro de desaparecer por la tala de la valiosa especie vegetal guanacaste negro, que crece en sus riberas. Aunque MARENA afirma no haber dado permiso a los dueños de la Hacienda el Buen Suceso para que talaran estos bosques, la institución estatal no ha sido capaz de detener esta actividad.

La contaminación de los ríos es uno de los mayores problemas ambientales del Departamento de Matagalpa, donde muchas de las fuentes de los ríos carecen de oxígeno. El río Tuma y todas las cuencas, riachuelos y ríos del departamento de Matagalpa, y algunos del departamento de Jinotega, están contaminados con pulpa de café. Sólo en la zona del Tuma existen unos 70 beneficios de medianos y grandes productores que, si no echan a los ríos la pulpa del café, llenan sus fuentes de líquidos contaminantes -el llamado «aguamiel»-, creando una extensa contaminación acuífera, la más notable en el país.

En algunos lugares hasta los peces han desaparecido, e igual suerte han corrido las valiosas lombrices de tierra. Resulta un grave riesgo bañarse en estos ríos por las irritaciones que en la piel producen sus aguas. La Comisión Ambiental, en la que participa el Ministerio de Salud, ha declarado que el ganado empieza a rechazar el beber el agua de estas cuencas. Según Leonel Wheelock, Director General del MARENA, el 10% de la producción nacional de café -150 mil quintales- proviene de la región del Tuma, donde los productores cafetaleros no tienen en cuenta el tratamiento de las aguas residuales. La sobrexplotación de las fuentes de agua obliga a los pobladores de Matagalpa a caminar varios kilómetros para conseguir agua para beber.

Algunas iniciativas que el MARENA desarrolla -como el programa de reforestación en las cuencas contaminadas de los ríos Molino Norte, San Francisco, Yasica y Jigüina, en el Departamento de Matagalpa, por un valor de 32 millones de dólares- resultan insuficientes, por la total ausencia de controles y la falta de medidas eficaces que signifiquen una sanción ejemplar a quienes contaminen los recursos acuíferos de la zona.

En Managua, la atmósfera en algunas zonas y a algunas horas está altamente contaminada por emana-ciones provocadas por la actividad industiral del Proyecto Turbina de Gas Fase II Las Brisas, de la Empresa Nicaragüense de Energía -ubicada al norte del Reparto Linda Vista Norte y al este del Reparto Las Brisas-, siendo estas emanaciones causa de los dolores de cabeza y problemas respiratorios que padecen los vecinos de varios repartos: Las Brisas, Valle Dorado, Los Martínez y Pantanal. Los humos industriales llevan cargas de dióxido y monóxido de carbono, entre otros gases tóxicos que el viento arrastra a baja altura, y especialmente por la noche, pues las turbinas generadoras no poseen chimeneas altas. Esta planta fue instalada allí en febrero sin tener en cuenta que se trataba de un lugar densamente poblado.

Respecto a las polémicas conce-siones mineras, la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales en su artículo 55 inciso 3 señala que «deben tomarse en cuenta los planes y prioridades del país, municipio o región autónoma y comunidades indígenas donde se encuentren los recursos y los beneficios de su aprovechamiento para las comunidades». Sin embargo, el gobierno central ha otorgado más del 60% de las concesiones de explotación minera en la Costa Atlántica sin tomar en cuenta a las autoridades locales. Han recibido estas concesiones empresas como la Delgratia Mining Corporation, la NARSA y Placer Dome, las que tienen intenciones de realizar operaciones en las áreas protegidas de SI-A-PAZ y Bosawás.

Los concejos municipales de San Carlos y El Castillo, en el departamento de Río San Juan, se opusieron a la solicitud de concesión minera por tres años que la empresa australiana Placer Dome presentó en el área de amortiguamiento de la Gran Reserva Indio-Maíz, por los riesgos ecológicos que esta explotación implica. Para tomar esta posición en defensa de sus recursos naturales, las autoridades municipales se ampararon en los decretos sobre áreas protegidas del sudeste de Nicaragua, en el Convenio de Conservación de la Biodiversidad de Areas Prioritarias en América Central y en los compromisos mundiales de la Cumbre de Río de 1992.

Preocupa el interés de algunas autoridades de gobierno -como el Viceministro de Economía y Desarrollo, Jorge Alberto Montealegre- para que estos concejos municipales recon-sideraran su negativa. Esta actitud oficial fue denunciada ante la Contraloría General de la República por la Red Nacional de Enlace Sur-Sur.

Otra situación que daña irrepa-rablemente los recursos naturales marítimos es la sobrexplotación de las tortugas paslama -cuya reproducción sólo comienza hasta que tienen 30-50 años-, una especie en peligro de extinción. En peligro está también la población de langostas, diezmadas por un irracional nivel de capturas. Son capturadas fuera de talla, con una cola menor de los 13.5 centímetros, y muchas de ellas en proceso reproductivo. Según MEDEPESCA, en 1996 se capturaron unas 1,480 toneladas métricas de langosta en el Pacífico y en el Atlántico. De continuar este nivel de capturas, se hará cada vez más imposible una reproducción normal de esta valiosa especie.

Aunque para proteger los recursos marinos, MEDEPESCA fijó la pesca que podrían realizar un total de 60 barcos en las aguas del Caribe en una captura promedio de 4 mil libras de cola de langosta durante 9 meses, y respetando un período de veda de tres meses, el desbalance entre lo regulado y lo legal y las acciones de pescadores ilegales es demasiado grande, especialmente cuando no existen en el país planes, ni nacionales ni locales, para que los pescadores pesquen de una manera racional y con tecnologías menos agresivas al medio ambiente.

Otra preocupación surgida en 1998 tiene que ver con la fuerza que vuelve a tomar el proyecto de construcción de un Canal Seco que uniría al Atlántico con el Pacífico, partiendo de Monkey Point y llegando hasta Corinto. Este Canal tendría una extensión de 465 Kilómetros y atravesaría toda la región del Pacífico. El proyecto ya fue descartado por Costa Rica por razones ecológicas.

A la generalizada y creciente contaminación del medio ambiente y a la imparable explotación de nuestros valiosos recursos naturales, el año 1998 sumó los desastres causados por el huracán Mitch en buena parte de la geografía del Occidente y Norte del país. Los innumerables daños que este huracán causó a ecosistemas valiosos sólo pueden entenderse teniendo en cuenta que fue el daño previo a esos ecosistemas lo que agudizó hasta el extremo el potencial devastador de las torrenciales lluvias que acompañaron al Mitch. Como un círculo vicioso: la contaminación, la deforestación, las reiteradas agresiones ambientales provocaron mayores daños, los que a su vez causarán aún mayor devastación ecológica en este territorio herido del país.