Make your own free website on Tripod.com
4.-
Derechos humanos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes

 

4.1 Derechos humanos de las mujeres

Derecho a vivir libres de violencia

La violencia contra las mujeres se mantiene en niveles altos, similares a los de 1997. Según los casos divulgados por los medios de comunicación, los atendidos por el CENIDH y las estadísticas de la Policía Nacional, predomina la violencia intrafamiliar y la violencia en las calles, con la que se atenta contra la integridad física, la integridad sicológica y la seguridad personal de las mujeres, generalmente por el mismo hecho de ser mujeres.

La violencia contra las mujeres se inscribe en una situación generalizada de violencia en la que vive toda la población, y que se agudiza en el caso de las mujeres a causa de los patrones de comportamiento machista propios del sistema patriarcal que domina en la sociedad.

La Policía Nacional reportó que, entre enero y noviembre y en el rango de edad de 18-45 años, 36 mujeres fueron víctimas de asesinato, 59 de homicidio, 5,903 de lesiones y 1, 048 de violación sexual.


Niñas demandan vigencia de su Código

Según un estudio realizado recientemente en Nicaragua por la Unidad de la Mujer del BID, se encontró que existe una relación determinante entre la violencia intrafamiliar, la remuneración que reciben las mujeres y su productividad en el trabajo. Se determinó que el 1.6% del PIB nacional se pierde por causa del fenómeno de la violencia, que afecta la productividad de las mujeres en el trabajo y causa gastos extra en empresas, en hogares y en el sistema de salud. Señala el estudio que las mujeres que padecen violencia doméstica obtienen ingresos consi-iderablemente inferiores a las que no la sufren.

La violencia doméstica contra las mujeres tiene repercusiones nocivas sobre los hijos que contemplan los actos de violencia. Una de las consecuencias más habituales es que los hijos varones repiten de mayores la conducta que vieron y se convierten en nuevos abusadores de otras mujeres. El estudio del BID indica que el 52% de las mujeres de Managua sufrió algún tipo de abuso en 1997, siendo la modalidad más común el abuso sicológico, que padeció más del 45% de las mujeres en Managua.

Según la Comisaría de la Mujer y la Niñez, en 1998 se incrementaron en un 18% las agresiones en contra de las mujeres, adolescentes, niñas y niños, delitos cometidos en gran cantidad de casos al interior del seno familiar. Este dato contrasta con el que indica que las denuncias de incesto, abuso sexual y acoso sexual disminuyeron, lo que puede deberse al miedo de las mujeres a no ser creídas, al miedo a exhibirse públicamente al denunciar, o al miedo a las represalias de los varones abusadores.

Este miedo es predominante, en especial en los casos de incesto, en los que, a estos temores hay que sumar la confusién sicológica y emocional que genera el hecho de que el abuso sexual se dé no sólo en el seno de la familia sino que sea protagonizado por el padre, el abuelo, el hermano o el padrastro. El temor al poder que puede ejercer sobre la víctima quien con ella tiene un vínculo sanguíneo o de parentesco y autoridad agrava especialmente la situación en estos casos, haciendo más compleja y problemática cualquier denuncia.

La violencia intrafamiliar se ha extendido notablemente. Según resultados preliminares de la Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud (ENDESA 98), realizada por el Instituto de Estadísticas y Censos en 15 departamentos del país y en las dos Regiones Autónomas del Atlántico, más de 3,900 mujeres aseguran haber sido abusadas física y sexualmente por sus maridos o compañeros de vida. Una de las cifras más alarmantes es el 36% de mujeres que declararon haber sido abusadas estando embarazadas, y la del 67% que confesaron haber sido maltratadas y golpeadas delante de sus hijos.

Como un caso emblemático de la violencia hacia la mujer, y particularmente de la violencia intrafamiliar, citamos la denuncia que el 2 de marzo hiciera Zoilamérica Narváez Murillo contra su padre adoptivo, el ex-Presidente de Nicaragua y actual Secretario General del FSLN y diputado en la Asamblea Nacional, Daniel Ortega Saavedra.

La denuncia pública, en la que Narváez afirmó haber sido abusada sexualmente desde los once años de edad hasta prácticamente su edad en el momento de la denuncia -30 años- conmocionó a la sociedad nicaragüense.


Zoilamérica Narváez presenta denuncia en el CENIDH

A finales del mes de mayo, Zoilamérica decidió presentar la denuncia en los juzgados, acompañada de un extenso testimonio en el que detalla en qué consistió el proceso de abuso y acoso sexual que había denunciado. Posteriormente, introdujo denuncia ante el CENIDH y las otras Comisiones de Derechos Humanos del país, solicitándo que resguardaran su seguridad por sentirse amenazada y que se vigilara el respeto delas garantías del debido proceso en la acusación que tramitaba judicialmente.

El CENIDH acogió la denuncia y ha acompañado el caso en su fase judicial, y también en el ámbito legislativo, ya que el acusado se acogió a su inmunidad parlamentaria y el caso pasó desde finales de junio a la Asamblea Nacional, a la que corresponde tramitar la solicitud de desaforación.

El año termina con el caso estancado en la Asamblea Nacional, en la que nunca ha habido ni siquiera transparencia sobre los pasos que se piensan seguir -o no seguir- para darle curso a la solicitud de la denunciante.

En lo referente a la violencia estructural, donde el sistema imperante niega beneficios y acceso a una vida digna a un gran número de personas, las mujeres son las más afectadas. El costo social de las medidas de ajuste estructural aplicadas en Nicaragua viola sus derechos sociales y económicos de forma permanente. Se les irrespetan, entre otros muchos, el derecho a un trabajo digno. Para subsistir, muchas mujeres trabajan duramente en el cada vez más saturado sector informal de la economía. Otras se han insertado en el trabajo de las maquilas, constituyendo casi el 80% de la población laboral de las empresas de la Zona Franca, donde son víctimas de bajos salarios, agotadoras jornadas de tra-bajo, maltrato, etc.

Otras mujeres se han convertido en trabajadoras sexuales y en la prostitución encuentran la posibilidad de obtener ingresos para mantener a sus familias. La prostitución se ha multiplicado en el país, también entre niñas y adolescentes, y ninguna instancia del gobierno parece preocuparse por ello. La sociedad civil, a través de diversas ONGs, es la que da alguna atención a estas mujeresorien-tándolas, potenciando sus capacidades para que puedan optar a otro tipo de trabajo, capacitándolas en otros oficios y brindándoles atención integral: sanitaria, legal, sicológica y educativa.

En 1998, el CENIDH recepcionó y atendió un total de 1, 401 denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos. En 396 casos las mujeres fueron las denunciantes y en 183 fueron víctimas. Del total de casos de mujeres víctimas, 78 de ellas sufrieron violencia de género. La mayoría de los casos constatados por el CENIDH de violación de derechos humanos de las mujeres están referidos al derecho a vivir libre de violencia.

Si bien la aprobación en 1996 de la Ley 230 representó un avance sustancial en el aspecto normativo para defender el derecho de la mujeres a vivir libres de violencia, en su aplicación esta Ley no ha tenido el apoyo del Estado para lograr su cumplimiento. Existen obstáculos en la Policía Nacional y en el Poder Judicial, sobre todo en lo referido a las medidas de protección a las mujeres que sufren de violencia intrafamiliar.

La Red de Mujeres contra la Violencia trabaja en la iniciativa de crear un nuevo Código Penal que incorpore y amplíe lo relativo a las regulaciones sobre violencia intrafamaliar ya existentes y que elimine algunos criterios discriminatorios que contiene la ley 150 (Comprende los Delitos contras las personas y su integridad física, psíquica y moral).

Derechos sexuales y reproductivos

Mensualmente, mueren 20 mujeres en Nicaragua por razones de embarazo y parto. Aunque las estadísticas oficiales indican que 12 mujeres en estado reproductivo mueren por mes, la Dra. Ana María Pizarro, Directora Ejecutiva de la institución SI MUJER, no ha dejado de señalar que la muerte materna es en Nicaragua «una epidemia silenciosa y silenciada por todos». Afirma Pizarro que en casi la mitad de los departamentos del país la tasa de mortalidad materna supera las 211 por cada 100 mil nacidos vivos, siendo una de las mas altas de América Latina.

El departamento de Divulgación del MINSA indica que en los primeros cinco meses de 1998 se reportaron 36 casos de muerte materna a nivel nacional. El grupo de edades más afectado por muertes maternas es el de 19-35 años, grupo que reúne el 51% de los fallecimientos. Las principales víctimas son mujeres de zonas rurales o de zonas urbanas marginales de la RAAS, RAAN, Jinotega, Chontales y Matagalpa.

La Red de Mujeres por la Salud María Cavalleri indica que las mujeres que murieron a causa de su maternidad eran en su mayoría pobres o extremadamente pobres, no poseían educación, habitaban en zonas rurales o en zonas marginales de las ciudades. En una investigación realizada por SI MUJER y la Red se concluye que la tasa de mortalidad materna en mujeres jóvenes de 16 a 20 años en el último quinquenio es del 19.38% a nivel nacional.

Según datos del MINSA, entre 1987 -cuando se detectó el primer caso- y hasta junio de 1998 se identificó a 189 personas afectadas por la enfermedad del SIDA, de las que 113 fallecieron. De las personas portadoras del VIH en el período 1987-1998, hay 26 mujeres (14%) y 163 varones (86%). Un 89% de las personas que tienen esta enfermedad se encuentran en edad productiva y reproductiva, con edades entre 20-44 años.

El machismo, la marginación de las mujeres, la falta de educación sexual y de capacitación al personal de salud y la falta de pruebas de VIH a las embarazadas favorecen el desarrollo de la epidemia, que afecta en Nicaragua a una mujer por cada seis hombres. En 1995 era una mujer por cada siete hombres, lo que significa que la cantidad de mujeres con SIDA aumenta más de prisa que la de los hombres, según lo reflejado en el informe del MINSA.

Un estudio reciente de FUDMENIC (Fundación Médico Nicaragüense) sobre la morbilidad materna en Nicaragua revela que las mujeres en estado de embarazo sufren mas de 10 tipos de enfermedades, entre ellas la anemia aguda y problemas de presión alta, lo que se traduce en partos de alto riesgo obstétrico o en la muerte. Más del 70% de las mujeres embarazadas padecen de anemia. En la etapa de puerperio prevalece esta enfermedad con el mismo porcentaje. Otro de los problemas más agudos es el de los abortos provocados por golpes y lesiones de los cónyuges o por problemas de salud. El gobierno reconoce que el aborto realizado en condiciones de inseguridad es la segunda causa de muerte materna en los hospitales, ya que dos de cada diez muertes maternas se deben a abortos realizados en condiciones inseguras.

Según resultados de la investigación realizada por el proyecto de seguimiento a la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, la falta de respaldo social, afectivo y económico es una de las causas por la que las mujeres recurren al aborto, ya que siete de cada diez mujeres que deciden abortar viven en extrema pobreza, y seis de cada diez que abortaron no usaban ningún tipo de anticonceptivo para evitar el embarazo.

Gran parte de los problemas de salud de las mujeres y la mortalidad materna pudieran evitarse si existieran condiciones satisfactorias de vida y una mejor atención a la salud de las pacientes. Las autoridades del Ministerio de Salud anunciaron que elaborarían en 1998 un estudio para definir la canasta básica de salud que se ofrecerá a la población. No obstante, la tendencia imperante es hacia la privatización de todos los servicios, aún los más básicos. Un ejemplo es el cobro en los hospitales públicos y centros de salud por el examen de papanicolau, aún cuando el MINSA manifiesta que debe ser gratuito. Este año, hay que señalar también que la intransigencia del gobierno en negociar y dar respuesta a la demanda salarial de los médicos en huelga, impidió que docenas de mujeres con cáncer uterino y cáncer de mama recibieran tratamiento de quimioterapia durante los cuatro meses que duró la protesta en el sector salud.

Derechos políticos

En el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres existe un escaso progreso en su representatividad. Actualmente, son diputadas sólo el 11% de los legisladores en la Asamblea Nacional y el 25% de los diputados al Parlamento Centroamericano. Prevalece en la sociedad una cultura política androcéntrica, que frena mayores avances y es causa de discriminación. Esta cultura domina tanto en los partidos Políticos como en las instituciones de gobierno, donde ha disminuido la presencia de mujeres en cargos de responsabilidad y decisión.

Igual sucede con las mujeres de la Costa Atlántica. La participación de las mujeres costeñas en las elecciones como votantes no se correspondió con el número de electas. De las 225 que participaron como candidatas en las elecciones del 1 de marzo para con-sejales de los Consejos Regionales Autónomos del Atlántico Norte y Sur, se calculaba serían elegidas un 20%. Sin embargo, sólo fueron electas 15; 6 en el Atlántico Norte y 9 en el Atlántico Sur, lo que les dificultará el cumplir con la ambiciosa agenda de género que habían elaborado. En la composición de los Consejos Regionales existe un claro predominio masculino: 72 varones, 38 en el Consejo del Atlántico Norte y 34 en el del Atlántico Sur.

Durante el proceso electoral en el Atlántico, las mujeres costeñas integrantes de las diferentes agrupaciones políticas participantes en los comicios definieron una agenda compartida en la cual plantearon elementos destinados a propiciar un desarrollo integral y sostenido de la Costa Caribe, y particularmente de las mujeres de esas regiones. Propusieron la promoción de un Código de Etica entre las Mujeres; el combate a la corrupción y al tráfico de influencias; la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres respetando las diferencias; la promoción, creación y fortalecimiento de Comisarías de la Mujer y la Niñez y de campañas que divulguen los derechos adquiridos con la Ley 230, la Ley 150 y otras leyes sobre la familia; la sensibilización de los hombres en el respeto hacia las mujeres, hacia su dignidad personal y hacia su derecho a vivir libres de violencia; la lucha porque los Consejos Regionales promuevan la educación de las mujeres y la enseñanza en la lengua materna; la promoción de leyes que garanticen los mecanismos de uso, goce y disfrute de los recursos naturales, etc., etc.

Iniciativas de Ley del Estado y de la Sociedad

En 1998 fue creado el Ministerio de la Familia, según lo establecido en la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo. La puesta en vigencia de esta Ley, a partir del 3 de septiembre, afecta y preocupa por varias razones a distintos sectores de la sociedad nicaragüense.

El nuevo Ministerio tiende, por su esencia y objetivos, a eliminar avances alcanzados en lo que a legislación familiar se refiere, tales como la legitimidad de la unión de hecho estable, y la posibilidad del divorcio unilateral. Los planteamientos que subyacen en las tareas del nuevo Ministerio tienden a reafirmar el rol de subordinación y de reproducción que tradicionalmente se le ha asignado a la mujer.

Esto se evidencia en el inciso F del artículo 29 de la Ley creadora del Ministerio, que plantea la participación de la mujer en el desarrollo, explicitándose el tipo de participación, pero no indicándose el tipo de programas y proyectos en el que participará. Es en estos vacíos donde existe el riesgo, ya que existen proyectos que tienden a perpetuar los roles tradicionales de la mujer como madre, esposa, ama de casa, administradora del hogar, etc., reduciendo su participación al ámbito privado, al hogar, e induciéndola a desarrollar acciones siempre prácticas y nunca estratégicas, que son las que podrían darle una mejor oportunidad de desarrollarse como personas integrales desde una perspectiva de género, y así contribuir al desarrollo del país, haciendo visible su contribución.

La Presidenta del CENIDH, Vilma Núñez de Escorcia, interpuso un Recurso por Inconstitucionalidad contra la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo, porque contiene disposiciones que se oponen a la Constitución Política de Nicaragua, específicamente al artículo 29, que señala que al Ministerio de la Familia le corresponden dentro de sus funciones «proponer y ejecutar políticas y acciones para facilitar a las parejas en Unión de Hecho Estable formalizar su relación por medio del matrimonio». El Recurso expresa que «tal disposición descalifica prácticamente a la unión de hecho estable considerándola irregular, pues se aboca a formalizarla; y se opone a lo preceptuado en el artículo 72 de nuestra Constitución Política, que establece que «el matrimonio y la unión de hecho estable están protegidos por el Estado; descansan en acuerdo voluntario del hombre y la mujer y podrán disolverse por mutuo consentimiento o por la voluntad de una de las partes».

El Recurso expresa que el artículo 29 de la ley 290, además de violar el artículo 72, violenta los artículos 5, 7, 70, 27 y 29 de la Constitución Política, así como los artículos 17 y 23 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que constituye un atropello manifiesto a los instrumentos del derecho nacional e internacional. También expone el Recurso que el perfil del Ministerio de la Familia, tal como aparece en la Ley, resulta muy conservador y representa un peligro para los avances que en materia de familia se han logrado, como es el divorcio unilateral «que fue aprobado como un avance que fortalece las relaciones voluntarias, porque tiene que ver con la naturaleza del matrimonio, que ahora no es un contrato sino una unión voluntaria y consensuada».

4.2 Derechos humanos de la niñez y de la adolescencia

1998 se puede definir como un año de victimización de los niños, niñas y adolescentes, en tanto fueron los más afectados en todas las esferas. Fueron las víctimas más frecuentes de la violencia intrafamiliar y de los delitos contra la integridad de las personas y la mayoría de los damnificados del huracán Mitch.

El 45% de la población de Nicaragua no ha cumplido aún los 16 años. La mayor concentración de niños, niñas y adolescentes (54%) se encuentra en áreas urbanas y el 46% en el ámbito rural. Los nicaragüenses menores de 18 años son 2 millones 287 mil. El promedio de miembros por familia se estima en 5.7 y el ritmo de crecimiento de la población en 3.27% anual, estimándose una tasa global de fecundidad de 4.7 hijos por mujer. En el 28% de los hogares nicaragüenses no existe la figura paterna, lo que generalmente representa más pobreza e incide negativamente en el desarrollo físico, mental, social y espiritual de niños y niñas.

 

A nivel normativo, se dieron en 1998 pasos importantes por parte del Estado de Nicaragua. En marzo se aprobó el Código de la Niñez y la Adolescencia, que entró en vigencia el 24 de noviembre. Sin embargo, las garantías y medidas de protección contenidas en el nuevo Código corren el peligro de convertirse en un listado de buenas intenciones en tanto no se creen las instancias, infraestructuras y meca-nismos necesarios para su aplicación.

La necesidad de que entre realmente en vigencia el Código se pone más de manifiesto al constatar que casi el 50% de los damnificados por el huracán Mitch son niños, niñas y adolescentes, que se encuentran en circunstancias que ameritan formas especiales de protección, tal como las que contempla el Código. Diversos Ministros del actual gobierno se han manifestado desestimando la posibilidad de que el Código adquiera vigencia real, aduciendo dificultades económicas.

Otras instituciones, como la Policía Nacional, han dado pasos normativos importantes, elaborando un Manual para el Tratamiento del Adolescente Infractor, pero a la par han manifestado su preocupación por carecer de la infraestructura que el Código dispone para la detención provisional de los adolescentes detenidos in fraganti. La Corte Suprema de Justicia aún no ha creado los Juzgados Penales del Adolescente, aunque sí ha reiterado que a partir de la puesta en vigencia del Código, los tribunales ordinarios no tendrán facultad de procesar a los adolescentes, ahora protegidos por el Código.

En este panorama adverso al Código es de prever una aplicación progresiva de sus disposiciones, pero aun ésta sólo será posible si las instancias del Estado elaboran de inmediato planes para la creación de las condiciones requeridas para implementar las medidas de protección integral contenidas en el Libro Segundo, para poder administrar justicia en base a un sistema de Justicia Penal Especializado para los adolescentes.

A pesar del reconocimiento formal del niño, la niña y los adolescentes como sujetos de derecho, prevalecen en la sociedad nicaragüense y en las instituciones estatales del país concepciones de la atrasada «doctrina de la situación irregular». Esto se manifiesta cuando la población y los funcionarios prevén como salida ante las transgresiones cometidas por niños o jóvenes el ingreso del "menor" a un centro de internamiento "para que lo reformen".

Esta misma concepción se hace aún más evidente cuando se sobredimensionan las garantías que el Sistema de Justicia Penal Especializada establece en el Código para los adolescentes infractores de la ley, y cuando se argumenta que estas garantías promueven la impunidad de niños y adolescentes.

Es necesario aclarar que de esta errada percepción se excluye la Comisión Nacional de Promoción y Defensa de los Derechos del Niño y la Niña que, coordinada por doña Amalia Frech, ha realizado esfuerzos importantes para generar un proceso de sensibilización y acciones concretas de defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como ha sido el mejoramiento de las condiciones penitenciarias de los adolescentes en la galería 7 del sistema Penitenciario Nacional.

Condiciones penitenciarias de los adolescentes

A nivel nacional, y hasta noviembre de 1998, se encontraban recluidos en el SPN unos 350 adolescentes. El CENIDH visitó la Galería 7 del Sistema Penitenciario Nacional, lugar donde se encuentran los imputables condenados y procesados entre 15-18 años y visitó también el Centro Penitenciario de Mujeres La Esperanza. En estas visitas logramos entrevistar a 211 adolescentes, 15 de ellas mujeres.

La situación que más afecta a los 291 internos menores de 18 años en el Sistema Penitenciario es la alimentación y el estado de indefensión en que se encuentran. La mayoría de los entrevistados desconoce cuál es su situación legal, y otros refieren que sus recursos de apelación llevan más de dos años sin que se les informe nada. No existen organismos que atiendan su situación legal.

Situación carcelaria de los adolescentes, de quienes se alega han infringido las leyes.

En 1998, el Programa de Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia del CENIDH visitó nueve Unidades Policiales: en Managua los Distritos Policiales I, II, III, V y VI de la Policía Nacional; y en Matagalpa, Estelí, Chontales y Masaya las unidades departamentales de la Policía Nacional.

La situación más dramática la encontramos en las unidades policiales de Managua, donde es evidente el hacinamiento, la mala alimentación y las condiciones de insalubridad. Entre el total de detenidos, los adolescentes representan como promedio el 18-20%. Una parte considerble de los detenidos en Managua estaban allí por pertenecer a algún grupo juvenil espontáneo y la mayoría afirmaba haber recibido maltrato al momento de la detención. El CENIDH entrevistó en estas visitas a 223 adolescentes.

A pesar de que existe una mínima infraestructura para separar a los adolescentes de los adultos, prevalece el criterio policial de no mantener a los adolescentes juntos y en celdas separadas de los adultos, aduciendo que esto obstaculiza el proceso de investigación policial para determinar el hecho y la responsabilidad delictiva. El tratamiento policial investigativo no difiere en nada del que se aplica a los adultos, prevaleciendo en la mayoría de instructores policiales criterios descalificadores sobre las nuevas garantías procesales establecidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia.

En las visitas pudimos comprobar que todos los detenidos provenían de hogares que viven en la pobreza o en la extrema pobreza. Que todos poseen un bajo nivel de escolarización y que en algunos casos -en Matagalpa-, el 53% eran analfabetas y se dedicaban a labores agrícolas. Ninguno de ellos tenía acceso a la defensa, ya que no conocían ni los detalles más mínimos de su condición procesal, hecho que se evidenciaba cuando al preguntárseles quién era su abogado defensor respondían que no sabían si tenían abogado o si el judicial les había nombrado alguno.

Las acciones de defensoría privada no tienen ningún efecto para mejorar las condiciones de estos adolescentes. Los abogados ni siquiera se entrevistan con ellos, no conocen ni se preocupan por sus condiciones en la cárcel o por su estado de salud. Ni siquiera saben si se encuentran detenidos en las celdas policiales o en el sistema penitenciario.

En algunos departamentos policiales de Managua logramos incidir para que en las celdas policiales se separara a los adolescentes de los adultos y para que se implementaran medidas sociopreventivas a los adolescentes que en razón de pertenecer a grupos juveniles espontáneos habían sido capturados en operativos policiales. Entre esas medidas está la de citar a los padres para que firmen una carta-compromiso, mediante la cual quedan en libertad los muchachos. Esta medida estaba siendo aplicada en el Departamento III de la Policía Nacional.

Informe del Gobierno al Comité de Derechos del Niño

A finales de 1997, el Gobierno de Nicaragua envió al Comité de Derechos del Niño en Ginebra un segundo informe sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. En el informe se presentan gran cantidad de descripciones, pero falta un análisis valorativo sobre el nivel de cumplimiento de la Convención, convirtiéndose así el texto en un documento de intenciones que no refleja las medidas tomadas por el gobierno para darle cumplimiento a la Convención.

A nivel centroamericano, Nicaragua tiene la tasa bruta de escolarización pre-escolar más baja de la región, alcanzando apenas al 22% de la población en edad pre-escolar. La educación especial para niños y niñas con alguna discapacidad tuvo en 1998 una matrícula de apenas 2,025 niños y niñas, cifra menor que la de 1997, cuando cubría a 3,959, cifra que sólo representa apenas al 2.26% de la población infantil que en el país se estima tiene necesidades de educación especial.

El 29% de toda la población infantil mayor de 6 años no tiene ningun año de estudio aprobado y se considera técnicamente analfabeta. Informes del Programa de Reformas Educativa de América Latina indican que unos 160 mil niños, niñas y adolescentes nicaragüenses quedan anualmente fuera del sistema educativo formal. Y que los que logran acceder a la matrícula inicial no logran concluir el año escolar porque un considerable número estudian y trabajan simultáneamente, circunstancia que los obliga hacer un doble esfuerzo, lo que termina influyendo en su deserción y repitencia escolar.

El índice de deserción en la educación primaria (regular, multigrado y extra edad) fue en 1997 del 11.4%. El 46% de los niños que inician la primaria no llegan al quinto grado.

La pobreza en la que vive la mayoría de los niños, niñas y adolescentes es la causa principal de todas estas limitaciones. Las causas más profundas de las enfermedades de nuestra niñez se encuentran también en las deficiencias alimentario-nutricionales e higienico-sanitarias en la que viven, y en los pésimos servicios de salud que reciben.

Según el Informe oficial de la Comisión Nacional de Promoción y Defensa de los Derechos del Niño y la Niña, presentado el 30 de noviembre de 1997 ante el Comité Internacional de los Derechos del Niño de Ginebra, la mortalidad infantil es en Nicaragua de 58.2 por mil nacidos vivos. El 8.7% de los nacidos vivos tiene bajo peso al nacer el que presentan otros organismos -entre ellos el PNUD-, que revela que el 15% de los niños nacidos vivos tiene bajo peso al nacer.

El informe gubernamental indica que el 27% de los niños y niñas menores de 5 años presentan alguna forma de desnutrición y que ésta se incrementa a partir de los 6 meses, según sean los patrones de lactancia materna con los que son alimentados. Solamente sobre el 42.9% de los niños se ejerce un control de crecimiento, cifra que se corresponde con la que indica que en Managua apenas el 38% de la población está cubierta por el servicio público de salud. El 18.5% de los niños y niñas menores de 6 años tiene deficiencia de peso y de talla en relación con su edad; el 31.3% de los menores de 5 años presenta deficiencia de vitamina A y el 36.1% sufre de anemia por falta de hierro. Sólo el 79% de los hogares consume sal adecuadamente yodada. Todas las cifras indican que en el área centroamericana, es en Nicaragua donde se concentran niveles de vida más negativos.

Las principales causas de morbilidad en la infancia continúan siendo las enfermedades diarreicas agudas y las infecciones respiratorias aguda. Les siguen enfermedades asociadas a la desnutrición, la malaria y el dengue. Todo este preocupante cuadro se vio agudizado a finales de 1998 con la situación de devastación en la que quedaron los más de 70 municipios arrasados por el huracán Mitch.

En materia de salud infantil, un dato positivo lo constituyen las campañas y la nueva legislación destinada a promover la lactancia materna. En 1998, ONGs que prestan servicios de salud a la mujer, en conjunto con el MINSA, iniciaron una campaña logrando que en el años la lactancia materna exclusiva llegara al 30% de los niños. En 1995 esta cifra, para esa edad, era apenas del 11%.

Un informe del Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos reveló que 12 de cada 100 niños, niñas y adolescentes tiene algún tipo de discapacidad, Los menores discapacitados son en total 254,400 a nivel nacional, y representan más del 50% del total de nicaragüenses discapacitados, según las cifras de la Organización Panamericana de la Salud, que cifra en más de 400 mil las personas con algún tipo de discapacidad en Nicaragua. No existen programas gubernamentales destinados a la atención de la niñez discapacitada, a pesar de que en 1995 fue aprobada la Ley 202, "Ley de prevención, rehabilitación y equiparación de oportunidades", y de que en agosto de 1998 fue creado el Consejo Nacional, responsable del cumplimiento de esta ley.

Hasta el mes de noviembre se habían reportado en el país un total 192 suicidios. En el transcurso de 1998 el suicidio de niños y jóvenes hasta los 17 años de edad consternó a los nicaragüenses, no sólo por la cantidad -30 suicidas, 15 de ellos mujeres y 15 varones -, sino porque este drama evidencia los altos niveles de desesperanza, violencia e incomprensión que están afectando a nuestra niñez y juventud, tanto en el seno de la familia como en el seno de una sociedad demasiado dominada por los intereses y los criterios de los adultos.

Las condiciones socioeconómicas del país han llevado a un 40% de las familias nicaragüenses a niveles de vida caracterizados por la miseria y la indigencia, y esto obliga a las niñas y a los niños de esas familias a incorporarse al mercado laboral, la mayoría de las vecesen condiciones de alto riesgo. En el área rural son más de 109 mil los niños, niñas y adolescentes que trabajan en las cosechas tradicionales de agroexpor-tación (café, algodón, tabaco, arroz y banano) y tan sólo un 20% de ellos recibe algún tipo de remuneración. En las zonas rurales los niños también realizan otros duros trabajos, que no se contabilizan en ningún indicador: fumigan, deshierban, ordeñan el ganado, cortan leña, acarrean agua, cuidan y asean a los animales, trabajan al machete, siembran frijoles.

En las áreas urbanas, y según datos oficiales, 6,219 niños, niñas y adolescentes trabajan por lo general un promedio de 47 horas a la semana vendiendo tortillas, dulces o periódicos, cuidando y lavando carros en parqueos o semáforos, o realizando otros trabajos ambulantes. Se calcula que el 20% de la población infantil y juvenil entre 10-19 años (160,686 en total) sobrevive y ayuda a su familia realizando una variada gama de trabajos.

A criterio de algunos alcaldes del norte del país, los niños son explotados en las florecientes empresas tabacaleras, donde se les somete a largas jornadas de trabajo y donde no se les permite acceder a ningún tipo de educación. Las empresas tabacaleras aún no cumplen con el compromiso de construir escuelas para los niños trabajadores, quienes, además, se encuentran expuestos a la intoxicación por la cantidad y calidad de los químicos que se emplean para fumigar las plantaciones.

En sus estadísticas, la Policía Nacional registró hasta el mes de septiembre que, de 48,616 víctimas, el 11% era menor de 18 años (5,539), siendo el 53% de esos menores niñas y adolescentes mujeres.

Un estudio del BID indica que los niños que viven en hogares donde existe la violencia intrafamiliar son tres veces más propensos a acudir a consultas médicas y son hospitalizados con mayor frecuencia, y que el 63% de estos niños repiten grados escolares y abandonan la escuela cuatro años antes que los niños que no sufren castigos graves en la familia.

A pesar de que no existen muchos datos en el país sobre la problemática de la prostitución de niñas y adolescentes, ni se manejan tampoco cifras fiables, es importante señalar que la tendencia es creciente y alarmante. El organismo no gubernamental TESIS y el Instituto Centroamericano para la Salud señalan que en 50 puntos de prostitución en Managua, hay entre mil y mil doscientas mujeres ejerciendo la prostitución de forma visible, y que de ellas el 40% son menores de 18 años.

Niñez y casos de violación a los DD. HH. atendidos por el CENIDH.

En el presente año se atendieron un total de 175 casos donde de manera directa o indirecta , las víctimas eran niños, niñas y adolescentes. De estos casos 163 eran denuncias directas en contra de los DD. HH. de La niñez y la adolescencia. Constatándose violación de DD. HH. en 130 denuncias.

Entre las autoridades violadoras figuran la Policía Nacional, el Poder Judicial, instituciones gubernamen- tales y en menor cifra familiares de los niños y niñas.

Los derechos violados fueron: 38 a la integridad física, 31 a la integridad psíquica, 18 a la libertad individual, 7 a la integridad sexual, 5 al acceso a la justicia, 7 al derecho a alimentos, 3 al principio de inimputabilidad, 1 a la seguridad personal, 2 al derecho a la salud, 1 al derecho a la educación, 3 a no ser separado de sus padres, 2 al derecho a un nombre, 6 a la igualdad ante la ley, 2 presunción de inocencia, 5 al derecho a la vivienda.