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3.-
Derechos Civiles y Políticos

 

3.1 Derecho a la vida

A pesar de que la actividad de grupos armados ha dejado de ser la causa principal de violación al derecho a la vida en Nicaragua, es importante volver a señalar la dinámica por la que algunos grupos de desmovilizados rearmados siguen siendo autores de violaciones al derecho a la vida.

En 1997 uno de los factores que influyó en el descenso del número de muertos por la violencia armada en el campo fue el proceso de desarme impulsado por el gobierno a través del Ministerio de Defensa, con la mediación de varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas el CENIDH.

Las diversas desmovilizaciones que tuvieron lugar a lo largo de 1997, y que fueron anunciadas con exceso de triunfalismo, llevaron a la firma de acuerdos que estuvieron orientados únicamente al desarme de los rearmados, pero que no enfatizaron el cumplimiento, por parte del gobierno, de aspectos que beneficiarían a los desmovilizados y facilitarían su reinserción en la vida civil.

El incumplimiento del gobierno a los acuerdos que establecían la entrega de tierras y la búsqueda de soluciones para mejorar el nivel de vida de los desmovilizados, provocó que algunos desmovilizados protagonizaran tomas de tierras y de fincas como instrumento de presión, sin lograr que las instancias gubernamentales accedieran a sus demandas.

Este incumplimiento es la principal causa del rearme de grupos desmovilizados que siguen actuando en algunas zonas del norte del país.

El último grupo irregular armado que operó en el Centro y Norte del país fue el Frente Unido Andrés Castro (FUAC). A pesar de mostrarse totalmente insatisfechos por la falta de voluntad gubernamental para dar cumplimiento a los acuerdos suscritos, los del FUAC no se volvieron a rearmar.

Algunos funcionarios gubernamen -tales han hecho esfuerzos por destruir el liderazgo de lo que fue el Estado Mayor del FUAC, -rearmados que destacaron entre otros grupos por haber concebido un interesante proyecto social de desarrollo de la zona en que operaban, obstaculizando su reinserción a la vida civil e introduciendo entre ellos un plan de descomposición para generar desconfianza y contradicciones.

El último incidente que se dio en el año en contra de los desmovilizados que formaban el Estado Mayor del FUAC, fue el montaje tramado en contra de Edmundo Olivas "Camilo", de un supuesto plan de secuestro en contra de una de las hijas del presidente Alemán, estuvieron amenazados de detención en noviembre por lo que fueron objeto de constante vigilancia y seguimiento por funcionarios de la Dirección de Investigaciones Criminales.

De ahí que los miembros del FUAC se presentaron al CENIDH a interponer denuncia y a solicitar se realizaran gestiones a favor de ellos por sentirse amenazados. Este organismo interpuso recursos de exhibición personal ante el Tribunal de Apelaciones de Managua, los que fueron retirados, extrañamente, por una persona ajena al CENIDH, con el evidente propósito de que dichos recursos no fueran contestados por las autoridades policiales. El Tribunal de Apelaciones tuvo que volver a librar los mandamientos para la tramitación del Recurso.

La Doctora Vilma Núñez de Escorcia acompañó personalmente a los Jefes del FUAC a denunciar la trama ante el Vice Ministro de Defensa y la Jefatura de la Policía Nacional, pidiendo se investigara el hecho.

Hasta la fecha la Policía Nacional no se ha pronunciado públicamente sobre las conclusiones de las investigaciones. Pero, a la Presidenta del CENIDH y a "Camilo", el investigador de la DIC les informó que la situación había sido aclarada y que el resultado ya era del conocimiento del Presidente de la República.

Manifestaron los desmovilizados que tienen una inseguridad muy grande y que estos hechos reflejan el interés del gobierno en buscar un pretexto para legitimar el incumplimiento de los acuerdos.

Los indígenas del grupo YATAMA se volvieron a rearmar en 1998 y han expresado que no tienen intenciones de desarmarse. Argumentan esta posición en la gran desconfianza que este grupo tiene en quienes protagonizan las negociaciones para el desarme. El 4 de septiembre se desarmaron los primeros 100 hombres de YATAMA. En octubre, el gobierno decidió unilateralmente poner fin a las negociaciones, lo que los dirigentes indígenas calificaron de «golpe bajo». Queda así abierto un espacio de riesgo para que sigan multiplicándose las violaciones al derecho a la vida en las zonas en las que operan estos rearmados.

En el transcurso de 1998 los medios de comunicación revelaron la discriminación social que sufrían los ex-miembros de grupos armados después de haberse desmovilizado. Han tenido obstáculos para obtener empleo en empresas privadas y en diferentes instituciones del Estado. Un alto índice de desmovilizados se encuentran en el desempleo y experimentan un completo abandono de parte de las autoridades, sin tener acceso a la salud, a la educación, a la vivienda y al trabajo. De esta discriminación participan también las mujeres desmovilizadas, que ni siquiera son mencionadas en sus necesidades específicas en los acuerdos de desmovilización.

Estas realidades han llevado a algunos miembros de los grupos desmovilizados a rearmarse y a vincularse con activas bandas de delincuentes rurales, que han hecho de los actos delictivos contra la propiedad de las familias campesinas y de los pequeños productores, de la extorsión y del plagio con pago de rescate, su modus vivendi. En muchos casos estas bandas son el principal foco de violación del derecho a la vida en determinadas zonas rurales de Matagalpa y Jinotega, y en San Rafael del Norte, en Bocana de Paiwas y en zonas de la Región Autónoma del Atlántico Sur.

Muertes vinculadas al ejercicio de la función policial, ejército y otras autoridades.

Aunque la información no está completa, en 1998 la División de Asuntos Internos de la Policía Nacional recibió un total de 12 denuncias por homicidios cometidos por funcionarios de la Policía Nacional, constatándose que 8 de ellas se dieron al momento de la detención, 1 cuando realizaban una detención en el barrio Germán Pomares de Managua y los agentes realizaron disparos, impactándole uno de ellos a un niño de 14 años y 3 fuera del servicio. Dos de las muertes fue responsabilidad de las patrullas de la Estación Ajax Delgado y las otras muertes se dieron en diferentes regiones del país: un caso en Jinotega, uno en Nueva Segovia, uno en Matagalpa, uno en Granada, dos en Chontales, uno en León, uno en Zelaya Central y uno en la Región Autónoma del Atlántico Norte. En todos estos casos se vieron involucrados 15 policías, 2 suboficiales, 1 teniente y 8 policías voluntarios, los que fueron puestos a la orden del Juez.

Según datos de la Policía Nacional, diez policías resultaron muertos en el cumplimiento de su deber, cuatro más respecto a 1997.

Los enfrentamientos entre el Ejército de Nicaragua y las diferentes bandas que operaron en distintas zonas del país, dejaron en 1998, 52 personas muertas. De ellas, 10 eran miembros del Ejército y 42 civiles.

En 1998 el CENIDH investigó la muerte de 21 personas. Destacamos las siguientes:

1) Roberto José Murillo García

Fue detenido y golpeado el 24 de enero a las 8 de la noche en el barrio Santa Rosa, por tres agentes de las Patrullas de la Ajax Delgado, quienes sin portar orden de captura ni allanamiento se introdujeron a una vivienda, procediendo a ejecutar su detención. Le esposaron ambas manos hacia atrás y, ya reducido, los oficiales le propinaron puñetazos, patadas y golpes con la culata del fusil en todo el cuerpo y particularmente en el abdomen.

Como no se trataba de la persona denunciada, lo dejaron en libertad al día siguiente, presentándose a su casa de habitación con fuertes dolores abdominales, muriendo el 27 de enero en el portón del hospital Manolo Morales. Los dos dictámenes médicos reflejaron como causas de muerte perforación de la víscera hueca provocada por traumatismos causados por los golpes, de lo que se derivó una peritonitis. Certificaron también la presencia de múltiples escoriaciones, laceraciones y contusiones en la cara, tórax, hombro y abdomen. Los tres oficiales de la Policía implicados fueron puestos a la orden del Juzgado Octavo de Distrito del Crimen. Pero, a pesar de las pruebas aportadas en el proceso judicial, fueron absueltos en el Jurado de Conciencia.

2) Uriel Antonio Hernández Sirias

Fue golpeado por un oficial del departamento VI de la Policía Nacional el 15 de junio. En la investigación del CENIDH se recibieron testimonios de reos que se encontraban en la celda junto con él y de reos de las celdas contiguas, quienes dijeron que Hernández Sirias estaba haciendo escándalo, por lo que un oficial llegó muy enojado a garrotearlo con un palo de escoba, propinándole varias patadas, y dejándolo esposado en los barrotes de hierro de la celda. Manifestaron que después de la golpiza el reo vomitó sangre, quejándose de dolor durante dos horas. Fue trasladado al Hospital Alemán hasta la 1 de la madrugada. Murió una hora después.
Uriel Antonio Hernández, muerto en el Departamento #6 de la Policía Nacional P.N.

Como en el caso de Murillo, aún con declaraciones testificales de reos que vieron la golpiza y aún con los resultados de la autopsia -que fijaron como causa directa de la muerte edema cerebral severo y contusión cerebral, producto de fuertes golpes, que le habrían producido una hemorragia en la parte posterior de la cabeza, así como fractura en la clavícula izquierda y múltiples escoriaciones en diferentes partes del cuerpo- el oficial responsable fue sobreseido definitivamente en el Juzgado Octavo de Distrito del Crimen de Managua.

3) Evert Alexander Gonzáles Gaitán

Fue golpeado por un oficial del departamento VI de la Policía Nacional el 15 de junio. En la investigación del CENIDH se recibieron testimonios de reos que se encontraban en la celda junto con él y de reos de las celdas contiguas, quienes dijeron que Hernández Sirias estaba haciendo escándalo, por lo que un oficial llegó muy enojado a garrotearlo con un palo de escoba, propinándole varias patadas, y dejándolo esposado en los barrotes de hierro de la celda. Manifestaron que después de la golpiza el reo vomitó sangre, quejándose de dolor durante dos horas. Fue trasladado al Hospital Alemán hasta la 1 de la madrugada. Murió una hora después.

Como en el caso de Murillo, aún con declaraciones testificales de reos que vieron la golpiza y aún con los resultados de la autopsia -que fijaron como causa directa de la muerte edema cerebral severo y contusión cerebral, producto de fuertes golpes, que le habrían producido una hemorragia en la parte posterior de la cabeza, así como fractura en la clavícula izquierda y múltiples escoriaciones en diferentes partes del cuerpo- el oficial responsable no fue remitido al Juez competente.

4) Adolfo Barrera Martínez

Detenido y lesionado al momento de su detención por la policía de Juigalpa el 17 de abril, capturado por vagancia habitual, puesto en libertad el 20 de abril, día en que murió. El dictamen médico legal determinó la presencia de trauma craneoencefálico, así como golpes en el costado izquierdo del toráx, escoriaciones y hematomas. De la golpiza fueron encontrados responsables por Auditoría Militar cuatro agentes de la unidad policial de Juigalpa, encontrándose implicados el Sub Comisionado Buenaventura Miranda Fitoria, Capitán Ernesto Requenes Hernández, Teniente José Baca Siera y el Policía Vicente Guzmán, los que fueron sancionados con suspensión en el ejercicio de la función policial por un período de dos años. Sin embargo a dos de ellos ya se les suspendió la sanción impuesta. Es inexplicable que ante la comisión de un delito grave las autoridades no fueron puestas a la orden de la autoridad judicial competente.

5) Triple asesinato

Otra violación grave al derecho a la vida, fue el asesinato de tres personas: René Enrique Payán Godoy (ex-capitán del Ejército), Oscar Armando Márquez, y Gerald Enrique Zelaya Martínez, del grupo Frente Armado Revolucionario (FAR), el 15 de mayo en un enfrentamiento con el Ejército y la Policía Nacional en Matagalpa. Los cuerpos de los muertos fueron encontrados en el Guapotal, jurisdicción de Tuma-la Dalia. El Ejército se acreditó la muerte argumentando que había montado una operación conjunta con la Policía para enfrentar a quienes pertenecían a bandas delincuenciales.

Sin embargo, en la investigación realizada por la Filial del CENIDH en Matagalpa se constató que había graves contradicciones en la versión del Ejército. Los soldados incriminados en el asesinato fueron puestos a la orden del Juez y éste los sobreseyó definitivamente. Los abogados acusadores apelaron la sentencia interlocutoria, que se encuentra en el Tribunal de Apelaciones de la VI Región.

6) Héctor Wilson Chavarria

Desmovilizado del grupo armado Frente Revolucionario de Obreros y Campesinos FROC, encontrado muerto el 30 de octubre en La Trinidad, municipio de Esteli. Aún cuando la versión oficial de medios de comunicación y de la misma Policía, es que aparentemente fue un asesinato planificado por algún enemigo de Wilson Chavarria conocido como "Ell negro Watson", la filial del CENIDH en Esteli, recibió la denuncia de los familiares de que ellos creen de que su muerte esté vinculada con el accionar de tropas del Ejército y de la Policía Nacional. Sin embargo, las investigaciones policiales no han podido determinar la autoría del crimen ni han remitido la causa a los juzgados, supuestamente porque no hay mayores elementos probatorios, continuandose con las investigaciones.

7) Douglas Toruño Reyes

Profesor de educación física de la escuela Lolita Salazar de Condega, de 23 años de edad, quien murió el 25 de diciembre al ser impactado de bala por el sargento Mario García Pérez y el soldado Francisco Xavier Bello Oporta, ambos miembros del Ejército de Nicaragua, los que se presentaron en estado de ebriedad a una discoteca de la localidad, portando sus armas de reglamento y uniformados. Estando ebrios comenzaron a amenazar y a disparar provocando lesiones graves en varios de los presentes y la muerte de este joven. Los militares se encuentran procesados judicialmente por el delito de homicidio y lesiones.

8) Caso Las Plazuelas

4 trabajadores muertos en la finca Las Plazuelas en Acoyapa, Chontales, el 8 de agosto a la 1:30 de la madrugada, en un enfrentamiento entre trabajadores y colonos de la Empresa Agropecuaria Carlos Roberto Huembes y demandantes de tierra retirados del Ejército, de la Resistencia y otros colonos.

El enfrentamiento se inició cuando, frente a la casa hacienda, 40 campesinos con 300 vaquillas, 2 tractores y carretas llenas de gente, llegaron a querer desalojar a los trabajadores socios de la empresa. El enfrentamiento duró una hora, resultando varias personas heridas y cuatro muertas: Luis Reyes Hernández Delgado, Freddy Daniel Delgadillo, Juan Francisco Calonge Espinoza, y otra persona que no pudo ser identificada. Se pudo constatar que los responsables de estos hechos sangrientos fueron el INRA, específicamente el Vice Ministro, Dr. Nardo Sequeira, quien prometió a un grupo de militares desmovilizados de Juigalpa que tenían listo un banco de tierras en las propiedades de San José, Las Plazuelas y El Jobo y que sólo era necesario un proceso de mediación para entregárselas, igual responsable fue la Policía de Acoyapa quienes no se presentaron en el momento de los hechos sino hasta cuando ya había pasado el enfrentamiento, dejando como consecuencia la pérdida de estas 4 vidas.

La mayor cantidad de denuncias por violaciones al derecho a la vida constatadas por el CENIDH en 1998 tuvo su origen en el comportamiento de las unidades policiales, en casos en que se dio un uso excesivo de fuerza o negligencia en el traslado de los reos a un centro hospitalario, bien porque son capturados enfermos o porque contraen enfermedades en las celdas policiales.

También hemos encontrado en los casos investigados otros factores que inciden en la violación al derecho a la vida: abuso de autoridad, violencia armada en el campo, violencia intrafamiliar, ne-gligencia médica. Se dieron también violaciones al derecho a la vida en torno a conflictos de propiedad. Queremos hacer notar que al contrario de la Policía, el Ejército Nacional se negó a proporcionar la información que oportunamente le solicitamos.

Mayor presupuesto, planes permanentes de seguridad en el campo y las ciudades, cumplimiento de los acuerdos suscritos entre el gobierno y los diferentes grupos de desmovilizados y mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los nicaragüenses siguen siendo las recomendaciones que el CENIDH considera pertinente hacer para lograr que el derecho a la vida de los nicaragüenses sea promovido, protegido y defendido.

3.2 Derecho a la Seguridad Ciudadana

La seguridad personal y colectiva es un derecho humano que preocupa hoy especialmente a una gran mayoría de nicaragüenses, que identifican, encuesta tras encuesta, al desempleo y a la inseguridad ciudadana como los problemas sociales que más les preocupan.

La inseguridad ciudadana estuvo vinculada y se vio agudizada en 1998 por actuaciones institucionales que generaron temor entre la población: cortes de energía, agua y teléfono, de forma masiva, a quienes no podían pagarla; temor permanente a no lograr acceder ni siquiera a los productos básicos de subsistencia; y una permanente amenaza de despidos o reorganizaciones en las instituciones estatales destinadas a prescindir de miles de trabajadores.

Es un criterio correcto, y a menudo externado por funcionarios policiales nicaragüenses, que la inseguridad ciudadana no tiene sólo que ver con las amenazas a la integridad física y a la propiedad que provoca la actividad de los delincuentes. También son formas de inseguridad ciudadana las amenazas que provocan la inseguridad alimentaria o el deterioro del medio ambiente, y hasta la amenaza cotidiana que supone subsitir en sociedades donde predomina la extrema pobreza, como es el caso de Nicaragua.

Esta concepción tan abarcadora sobre seguridad-inseguridad ciudadana, no se corresponde con los planes de seguridad ciudadana que existen en nuestro país, que tienen un carácter eminentemente coyuntural, policial y coercitivo, y que traducen una concepción muy restringida de la seguridad, la que vincula únicamente la inseguridad ciudadana con las acciones delictivas o con las alteraciones al orden público.

Nicaragua -y en particular Managua- se ha convertido en un lugar peligroso para vivir. En la capital, el registro de delitos por hora se ha cuadriplicado en los últimos 10 años: de 2 delitos por hora en 1988 se registran en 1998 8 delitos por hora. Entre 1985 y 1995 la tasa anual de crecimiento poblacional fue del 3.7%, mientras que la tasa de crecimiento de la actividad delictiva fue prácticamente cuatro veces mayor. A pesar de que las estadísticas policiales y otros indicadores sociales y económicos revelan un crecimiento vertiginoso de los niveles de inseguridad, y que son conocidos las causas de tanta inseguridad, Nicaragua no cuenta con una política de seguridad ciudadana.

El ultimo estudio realizado en el país sobre este tema fue elaborado por el Centro de Estudios Estratégicos de Nicaragua. En sus conclusiones, reveló que según el 70.5% de la población consultada el desempleo es el principal problema de Nicaragua. Como segundo problema se ubicó la pobreza, seguida en tercer lugar de la corrupción y la delincuencia. Se señalaron después los bajos salarios y las drogas.

Al ser preguntada sobre las causas de estos problemas, un 33% de la población opinó que se deben a la mala gestión del gobierno actual y, en segundo lugar, a la falta de valores morales (24.8%). Sobre la delincuencia, el 87.5% opinó que había aumentado, sólo el 12% consideró que había descendido y el 9% dijo que se mantenía a los mismos niveles.

Para un 47%, el desempleo aparecía como la principal causa inmediata del aumento de la delincuencia, seguido del aumento de las pandillas (18.8%) y del narcotráfico (15.6). Sobre el sentimiento de inseguridad, el 50.3% expresó sentirse inseguros: y el 6.5% muy inseguros. El 40% afirmó estar seguros. El 66.5% expresó tener un alto nivel de temor a ser víctima de un acto de delincuencia, un 55.3% dijo que su mayor temor era quedarse sin trabajo y un 31% dijo temer ser víctima de un accidente de tránsito.

La percepción y el sentimiento de inseguridad no son ajenos al incremento que han experimentado los delitos en los últimos años. Entre 1990 y 1998 las lesiones aumentaron aproximadamente en un 154%, las amenazas en 352%, los robos con fuerza en 56.6%, los robos con intimidación en 46.93%, los robos con violencia en 136% el trafico de estupefacientes en 292%, y la tenencia y consumo de drogas en 93 %. Asimismo, mientras en 1990 ocurría un delito cada 17 minutos, en 1998 ocurrió cada 7 minutos.

En las zonas rurales también aumentaron los niveles de inseguridad. 1997 cerró con la presencia en el campo nicaragüense de 27 bandas armadas. Antes de cerrar el año 1998, son 31 las bandas de delincuentes armados que actúan en varios departamentos del país: en Matagalpa 16, en Estelí 4, en Jinotega 9 y en Zelaya Central 4. Unas 203 personas aproximadamente están integradas a estas bandas, que asaltan en caminos y trochas, secuestran a productores a cambio de rescate, roban ganado y mantienen en zozobra a distintas zonas rurales.

Indicadores de la Seguridad Ciudadana

Hasta el mes de noviembre, y en relación a los datos de 1997, se registraba un incremento porcentual en el total de la incidencia delictiva del 4.8%, siendo mayor el incremento en los delitos contra las personas: 8.5%.

Hasta finales de noviembre, habían ocurrido en el país 205 asesinatos, 299 homicidios, 11 parricidios, 951 vio-laciones, 11,819 lesiones, 7,159 robos con fuerza, 2,253 robos con violencia, 2,098 robos con intimidación y 8,614 hurtos.

Los departamentos donde se presentó un mayor incremento de la incidencia delictiva son: Nueva Segovia (36.8%), Región Autónoma del Atlántico Norte (33.2%) y Jinotega (22%). En varios departamentos se redujo el índice: Río San Juan (-12.1%), Rivas (–6.4%) y Granada (–5.9%).

Planes sobre seguridad ciudadana de la Policía Nacional

En los primeros días del mes de febrero, la Policía Nacional inició una serie de encuentros entre sus miembros y distintas comunidades de pobladores como una alternativa para prevenir el crecimiento de la delincuencia y generar la confianza de la población en las fuerzas del orden público. En estas actividades se da la oportunidad a la población de valorar y calificar la actuación de la institución policial. Un avance importante en los planes de seguridad ciudadana impulsados por la Policía Nacional es que incorporan a ellos la participación de la comunidad y de ONGs que desarrollan acciones preventivas del delito, que trabajan en conjunto con la autoridad policial.

En ocho de los barrios de Managua con mayor actividad delictiva se instalaron Unidades de Prevención del Delito, instancias de la Policía Nacional que buscan tener mayor presencia y operatividad en esos barrios.

En el área rural la Policía Nacional desarrolló un plan denominado Plan de Seguridad del Campo, que consiste en restablecer la seguridad con la creación de condiciones para la permanencia policial. Así, se han dejado instaladas 58 nuevas delegaciones de Policía Vo-luntaria, que cuentan con el apoyo de 41 comités comarcales. Estas instancias están subordinadas a la Policía Nacional y entre las actividades que aseguran estas delegaciones están: el pago de planillas en las haciendas productivas, la misma actividad productiva y la presencia de fuerzas de seguridad en los trechos donde se reparan carreteras.

Grupos juveniles

El fenómeno de los grupos juveniles espontáneos, denominados comúnmente pandillas, continuó siendo un foco para la generación de inseguridad, especialmente entre la población urbana. Se calcula que en todo el país existen unos 91 grupos, en los que están integrados unos 969 jóvenes, casi exclusivamente varones.

Existe una alta estigmatización hacia los jóvenes que pretenden asociarse y se tiende a hacer una asociación mecánica entre los grupos juveniles espontáneos y las actividades delictivas. Estas percepciones quedan cuestionadas cuando se observan las estadísticas policiales, que indican que en departamentos como León -que ocupó durante los primeros cinco meses del año 1998 el tercer lugar en ocurrencia de delitos a nivel nacional-, no se registra presencia de ninguno de estos grupos juveniles.

A pesar de que la Policía Nacional comprende teóricamente que responder al problema social que representan los grupos juveniles espontáneos va mas allá de las medidas policiales, sus planes de respuesta continúan siendo meramente coercitivos. Como dato no completo se informó que el "Plan Pandillas" dejó detenidos a 176 jóvenes, 151 detenidos por falta policial y 25 remitidos a los tribunales por la comisión de delitos.

Iniciativas de la sociedad civil

Entre la población domina la percepción de que está desprotegida ante el accionar delictivo. La gente ha ido buscando cómo asegurarse por sus propios medios: han proliferado en los hogares las altas verjas y los muros, los perros y los vigilantes de empresas privadas que utilizan armas cortas. En menor grado, se han dado también en algunos barrios iniciativas comunales de vigilancia.

Han crecido notablemente las empresas privados de protección física. En la actualidad existen unas 31, de las que sólo 8 han concluido el proceso legal de autorización ante la Policía Nacional. Existen en la actualidad unos 5 mil vigilantes privados, de los que sólo unos 3,470 están debidamente autorizados.

Un promedio de 400 a 500 efectivos abandonan anualmente las filas de la Policía Nacional, principalmente a causa de los bajos salarios y de las pésimas condiciones de vida y trabajo en que viven y actúan los policía de línea. Entre 1990 y 1997 el número de agentes policiales a nivel nacional se redujo en relación al aumento poblacional. El presupuesto para las actividades policiales es deficitario en relación a la necesidad de prevenir y de combatir el delito y dar seguridad a la población.

Hasta 1995, existía en Nicaragua 1 policía por cada 1,710 habitantes, incluyendo en esta cifra al personal policial de todas las ramas de la institución. En 1998, esta relación es menor, y es más reducido el presupuesto para la Policía Nacional, lo que hace previsible una creciente y alarmante tendencia a la inseguridad de la población. Y una tendencia a la «privatización» de la seguridad ciudadana. El Jefe de Seguridad Pública de la Policía Nacional informó este año que las precarias condiciones en las que la Policía tiene que desarrollar su labor permiten estimar que para el año 2000 habrá 7 vigilantes privados por cada policía de línea.

3.3 Derecho a la libertad individual, integridad física y libertad de manifestarse

En 1998, el CENIDH recibió 1,462 denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos. Correspondiendo dichos datos a la cobertura nacional del trabajo que realiza el centro, incluyendo a las Filiales de Estelí, Chontales y Matagalpa. Nuestras investigaciones determinaron que en 859 casos hubo violación de derechos humanos. En 629 de los casos -individuales o colectivos- se menciona a la Policía Nacional, como la institución estatal que viene siendo desde hace unos años la más denunciada de violar los derechos civiles: libertad individual e integridad física.

En el contexto de los conflictos colectivos o sociales, en los que se produjeron excesos en el uso de la fuerza por parte de la Policía, así como en los casos de detenciones individuales, el CENIDH constató 130 violaciones a la integridad física, 122 a la libertad individual y 2 a la libertad de manifestación: en la huelga de los médicos y en la protesta de los cañeros frente a la Presidencia. Estas cifras sólo corresponden a las violaciones de derechos humanos en casos conocidos e investigados por el CENIDH, y no representan todos los casos que ocurren en el país.

Los casos colectivos que más destacaron en 1998 fueron la huelga de los médicos del sector público y varios prolongados conflictos por la propiedad.

La protesta de los médicos, originada por la crisis en el sistema de salud pública -donde prevalecen las malas condiciones de trabajo, salarios míseros y el proyecto de privatización del sistema-, se prolongó por más de cuatro meses sin que el gobierno nicaragüense atendiera las demandas de fondo. El gobierno violó el derecho a la manifestación, a la integridad física y a la libertad individual de médicos y estudiantes de medicina y de grupos de pobladores que se solidarizaron con la protesta de los profesionales de la medicina.

Desde que iniciaron la huelga, los médicos insistieron en que mantendrían sus legítimas demandas dentro de los cauces de una protesta cívica y pacífica, actitud que conservaron siempre. No obstante, después de ocho semanas, las autoridades hicieron caso omiso a las peticiones. La huelga adquirió niveles de tensión a partir de que los médicos salieron a las calles para dar a conocer sus reivindicaciones y pidieron el apoyo de la población. Como respuesta, el gobierno ordenó la represión contra los huelguistas, además de despedir a unos mil médicos en huelga. A la Policía Nacional se le ordenó usar toda su técnica para que los manifestantes abandonaran las calles. Durante varias semanas las manifestaciones se multiplicaron en varios puntos de Managua y en varios departamentos del país. El gobierno continuó en su actitud de indiferencia, ordenando más represiones y no respondiendo a las demandas de los huelguistas. El acuerdo firmado, tras cuatro meses de enfrentamientos, no resolvió el asunto de fondo.

Ejemplos de la insensibilidad y de la violencia que el gobierno empleó contra médicos y pobladores sobraron. Destacamos sólo algunos de los hechos que acompañaron el desarrollo de la huelga médica:

Unos cien manifestantes -entre médicos, estudiantes, pobladores y periodistas-, resultaron detenidos en distintos momentos de la prolongada huelga. En la mayoría de los casos, los arrestos se realizaron con excesivo uso Represión contra huelga médica. de fuerza y técnicas de represión.


Represión contra huelga médica

En dos ocasiones, las tropas de policías antimotines, a fin de allanar el camino por donde pasaría el Presidente de la República -que en esos días realizó un viaje al exterior-, emplearon todas sus fuerzas. Mientras el mandatario se dirigía al Aeropuerto, médicos, estudiantes y pobladores fueron reprimidos de forma desproporcionada, al extremo de que vecinos y transeúntes sufrieron los efectos de gases de diferente tipo y disparos de balas de gomas y balines. Como resultado de esa represión, sufrieron asfixia niños muy pequeños -unos gemelos de 9 meses, otro de 12 días-, y ancianos. Los agentes, en el afán de «imponer el orden», sembraron el temor entre muchos pobladores, al disparar indiscriminadamente sus armas y detener a quien encontraban a su paso.

El niño Walter Díaz Lira, de 12 años, vendedor de agua helada, sufrió el impacto de un disparo de bomba lacrimógena, la que le estalló en la cabeza, lesionándolo gravemente. Igualmente, pudimos constatar que en diferentes hogares de los Barrios Unidad de Propósito y Las Mercedes, los antimotines realizaron disparos a las casas. En algunas estallaron bombas y morteros, poniendo así en peligro la integridad física de personas inocentes y ajenas al conflicto.

En la Ciudad de Chinandega ocurrió otro hecho de gravedad, cuando una caravana que conducía al Presidente de la República provocó que los antimotines desalojaran la vía de forma violenta, resultando lesionados los médicos Gerardo Gallo, Félix Pedro Narváez y Karla Somarriba, quienes recibieron golpes contundentes de culata de fusil, en el caso de Gallo de gravedad.

La ola generalizada de represión e intolerancia gubernamental hacia los médicos, se manifestó también en contra del Dr. Alvaro Avilés Gallo, Jefe de la Especialidad de Gineco-Obstetricia y Directivo del CENIDH. Mientras los galenos realizaban una protesta cívica en la carretera sur, varios agentes antimotines que despejaban la vía arrastraron a Avilés, quien, vestido, como sus compañeros, con la bata de médico, sólo se permitió reclamar, infructuosamente, a los antimotines por su violencia irracional.

Equipos del CENIDH fueron testigos de cómo el gobierno de Nicaragua, a través de la Policía Nacional, decidió mantener una permanente respuesta represiva ante los médicos en huelga. En la Universidad Centroamericana, los estudiantes universitarios que apoyaron la huelga fueron víctimas, en una ocasión y durante más de tres horas, de un operativo de represión que dejó a unos 30 estudiantes lesionados y a muchos más intoxicados.

Entre los pobladores que apoyaron la huelga, algunos hicieron uso de morteros caseros, que también expusieron la integridad de los agentes policiales y de otras personas ajenas al conflicto. Durante la huelga, unos diez agentes policiales resultaron con lesiones, siendo el hecho más grave, la intoxicación que cuatro policías sufrieron como efecto de un químico que arrojaron unos manifestantes.

También, hay que destacar -porque se expuso la integridad física de varios médicos-, la huelga de hambre que, en el contexto de la represión y ante los infructuosos esfuerzos de diálogo con el Presidente de la República, seis médicos -tres mujeres y tres hombres- realizaron como legítima forma de protesta para presionar por una solución a la crisis. Esta huelga de hambre se prolongó por más de un mes, provocando el deterioro de la salud de los médicos, que arriesgaron sus vidas.

Además de la huelga de los médicos, hubo durante 1998 otros conflictos colectivos de mucha importancia, en los que se violó el derecho a la libertad individual. Fundamentalmente, fueron conflictos de propiedad donde muchos cooperados y sus familiares fueron detenidos, procesados y condenados injustamente, debido a que las disposiciones legales relacionadas con los conflictos de propiedad, restringen a los jueces del crimen en aquellos procesos penales dirigidos contra cualquier persona acusada por presuntos delitos que tienen relación con propiedades que a la vez son objetos de litigios en lo civil.

Aunque en el apartado referido al tema de la propiedad se explican con cierto detalle algunos conflictos de propiedad que el CENIDH investigó, debemos señalar que entre los abusos cometidos destaca la violación al derecho de libertad individual que, tanto las autoridades policiales como judiciales, cometieron en perjuicio de los beneficiarios de asignaciones y títulos de Reforma Agraria especialmente en:

En todos estos casos, los respectivos jueces del crimen han sido eslabón de una cadena de actuaciones injustas y arbitrarias, puesto que dieron curso a denuncias y acusaciones penales contra los beneficiarios y poseedores de esas tierras, a pesar de que en reiteradas resoluciones de la Corte Suprema de Justicia se sostiene el criterio -de validez jurídica- de que: «no pueden haber acciones de carácter penal mientras existan litigios en que se discuta la titularidad o dominio de las propiedades». Sin embargo, este criterio fue desestimado, en detrimento de la libertad de muchas personas que al momento de cerrar este informe aún permanecen en la cárcel pagando una condena injusta.

Este año, en el marco de las actividades de seguridad ciudadana (tema que abordamos en otro apartado), la Policía Nacional continuó realizando operativos en contra de los grupos juveniles denominados «pandillas».

Centenares de jóvenes en edades que oscilan los 13 a 20 años, fueron detenidos a manera de «prevención». Si bien es cierto que existen entre ese sector, jóvenes en situaciones antijurídicas, con daños a las personas y a la propiedad, también es cierto que muchos de los detenidos son capturados indiscriminadamente, sin orden de autoridad competente ni causa alguna que legitimara las redadas masivas en su contra.

La demanda de seguridad ciudadana, como legítimo derecho y bien común de la sociedad, no puede concebirse como un asunto desvinculado a todo el complejo panorama social que vive el país y en ese sentido, la delincuencia no puede seguir combatiéndose estigmatizándose a todos los jóvenes, que por simples apariencias de «vagos» y «pandilleros» son detenidos ilegal e injustamente. En el desarrollo de esas redadas, Jairo José López Morales (19), Mario Rocha Vallecillo (22), Daniel Gaitán Urbina (22), JJairo José Jerez Cortés (26), Gerardo José Suárez Rodríguez (32) y Evert Alexander González Gaitán (14), fueron víctimas de disparos realizados por agentes de la Policía que intentaban la captura de presuntos «pandilleros» o delincuentes.

En general, las víctimas resultaron lesionadas por el uso desproporcionado e ilegítimo de las armas de fuego por parte de los policías, quienes pusieron en peligro la vida de esas personas.

En el caso de Jairo José, al cierre del presente informe permanecía en estado grave porque el disparo lo recibió en su cabeza; Rocha Vallecillo recibió un balazo en la pierna que estuvo en peligro de perderla y en la que le realizaron 42 puntadas; Gaitán Urbina fue herido gravemente, perdiendo su pierna izquierda; Jerez Cortés fue herido de bala en el estómago, lesionando gravemente su intestino grueso y delgado; Suárez Rodríguez fue impactado por una bala en la región izquierda del Omóplato.

Un hecho también criticable es que en los mencionados operativos, la Policía Nacional se hace acompañar de medios de comunicación lo que, si bien puede interpretarse como positivo en tanto la actuación de los agentes resulta ser vigilada, a su vez la aparición de las imágenes de los jóvenes apresados sin que se les demuestre la comisión de delitos sólo contribuye a que la misma sociedad vea a todos por igual: como «sujetos peligrosos», violándose en muchos casos, además de la libertad individual e integridad física, la honra de los detenidos quienes luego obviamente notienen la misma opción a la hora de buscar o conservar un empleo.

Lo anterior, no contradice para nada ni le resta importancia a la necesidad de aplicar justicia con todos aquellos que han lesionado los intereses y derechos de nuestra sociedad.

3.4 Otras violaciones de derechos humanos

En compración con 1997, cuando en el CENIDH se tramitaron directamente 1,107 denuncias, en 1998 el número de estas es notoriamente ascendente. Se atendieron un total de 1,462 (32%) denuncias más respecto al año 97, sobre supuestas violaciones de diferentes derechos humanos. No obstante, en una sola denuncia aparecen varias autoridades denunciadas, de ahí que la referencia del número de denuncias contra cada autoridad reflejada en el siguiente cuadro sea mayor al número de denuncias recibidas

CUADRO ESTADISTICO DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS 1998.

AUTORIDAD DENUNCIADA
DENUNCIAS CONTRA ESTA AUTORIDAD
VIOLACIONES DE DDHH COMPROBADAS
Policía Nacional
629 (43.0%)
299 (47.5%)
Poder Judicial
289 (19.7%)
145 (50.1%)
Ministerios y Org. Gub.
61 (11.0%)
92 (57.1%)
Alcaldías
42 (2.8%)
16 (38.0%)
Ejército Nacional
11 (0.7%)
8 (72.7%)
Grupos Armados
8 (0.5%)
6 (75.0%)
Gobiernos de otros países
2 (0.1%)
1 (50.0%)
Empresas privadas
81 (5.5%)
68 (83.9%)
Gobierno Central
15 (1.0%)
11 (73.3%)
Particulares
310 (21.2%)
203 (65.4%)
S.P.N.
21 (1.4%)
10 (47.6%)
TOTAL
1,569
859

 

3.5 Acceso a la justicia y situación penitenciaria

La poca celeridad de las diligencias judiciales, la retardación de justicia en los Tribunales de Apelaciones, y los años que llevan en trámite recursos por inconstitucionalidad y recursos de amparo en la Corte Suprema de Justicia continúan siendo negativos a señalar al Poder Judicial.

Diversas encuestas han revelado la desconfianza de la población en la administración de justicia, a la que se le achaca ser sumamente lenta y generar impunidad. Según una encuesta realizada por el Centro de Estudios Estratégicos, para el 48% de la población la administración de justicia es inefectiva, para el 18% muy inefectiva, relativamente efectiva para el 16.5%, y sólo para el 1.3% es muy efectiva. A juicio de los encuestados, la ineficacia se debe principalmente a tres factores: corrupción de los funcionarios según un 39.5%, falta de presupuesto según un 37.3%, y desconocimiento de las leyes según un 36.5%.

La falta de credibilidad que la población tiene hacia la administración de justicia se manifestó este año en una cuestionable iniciativa, que promocionaron algunos medios de comunicación y grupos de pobladores, que pedían la instauración de la pena de muerte como único medio que concebían para acabar con la impunidad. La iniciativa tomó cuerpo a raíz del asesinato atroz que un hombre cometió contra sus hijastros, una niña y un niño, y contra la empleada que los cuidaba. El crimen ocurrió en septiembre en el Barrio René Shick de Managua y tuvo un gran impacto en la opinión pública durante varios días.

Al Poder Judicial le es cada vez más difícil cambiar la percepción de la población, pues continúa trabajando sin recursos humanos debidamente capacitados y con recursos materiales insuficientes para lograr una pronta y efectiva administración de justicia. El presupuesto que le fue asignado en 1998 al Poder Judicial fue, al igual que en 1997, el 3% del presupuesto general de la república, cantidad que sigue siendo insuficiente y que no cumple con el 4% establecido en la Constitución Política.

Tratando de subsanar esta limitación financiera, la cooperación externa jugó un papel muy importante apoyando en 1998 a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que realizara mejoras en materia de infraestructura, lo que permitió la construcción de 136 casas de justicia en todo el país.

Pese a las dificultades presu-puestarias, este año se lograron avances importantes con la aprobación de leyes que podrían mejorar no sólo el funcionamiento del Poder Judicial como tal, sino la administración de justicia, tan deteriorados en los últimos tiempos.

La Ley Orgánica del Poder Judicial, suspendida por veto presidencial en 1997 y que entrará en vigencia en enero de 1999, incorpora elementos novedosos que podrían contribuir a la agilización de la administración de justicia. Entre ellos, la creación de la defensoría pública en sustitución de los defensores de oficio, como instancia dirigida a proporcionar asistencia legal a las partes que carecen de recursos económicos.

Aún cuando la defensoría pública se contempla como una instancia con autonomía de funciones, en realidad es dependiente de la CSJ, hecho que consideramos pondría en tela de duda la buena actuación de los defensores públicos ante las resoluciones de Jueces y Magistrados. Siendo dependientes del Poder Judicial, los defensores públicos difícilmente podrán ejercer una labor imparcial en beneficio de sus defendidos cuando esté de por medio una resolución adversa dictada por las autoridades a quienes de forma directa o indirecta están subordinados.

La naturaleza de la nueva institución es muy positiva, ya que pretende garantizar a quienes carecen de recursos un verdadero ejercicio de su derecho a la defensa. Consideramos que esta nueva institución debería ser totalmente independiente de la CSJ, con el objetivo de que logre garantizar la buena actuación de los defensores públicos.

La creación de esta institución implica mayores gastos para el Poder Judicial, pues en ella no sólo están incluidos los defensores públicos, sino también sus auxiliares, cuyos honorarios en ambos casos deben ser asumidos por la CSJ. La falta de recursos podría obstaculizar el funcionamiento de la institución, pues con el actual presupuesto ni siquiera se logra que las instancias ya existentes trabajen de manera ágil y eficiente.

Otro aspecto novedoso en la Ley Orgánica del Poder Judicial es la implementación del procedimiento de mediación en la tramitación de causas mercantiles, laborales y civiles de menor cuantía, así como en las causas penales cuyas sanciones sean correccionales. Esta disposición descongestionará en gran medida el trabajo en los juzgados, saturados de causas. A través de la nueva figura del procedimiento de mediación se pretende que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo extrajudicial que evite la tramitación de un proceso judicial.

A pesar de la introducción de estas novedades -que consideramos muy positivas para una mejor administración de justicia-, mantenemos nuestra posición de que la Ley Orgánica, al establecer que la carrera judicial, la disciplina de jueces, abogados y notarios públicos y la facultad de nombrar médicos forenses permanezcan bajo la responsabilidad de la CSJ, no sólo la convierten en una instancia centralizadora de la justicia, sino que la desvían del ejercicio de su principal función, que es la de administrar justicia. Asignándole a la CSJ facultades eminentemente administrativas y organizativas, que aumentan su carga laboral, se contribuye también a generar retardación de justicia .

Este año, la CSJ investigó algunas de la quejas que se han interpuesto en contra de autoridades judiciales, destituyendo a más de 30 jueces en todo el país y pretende continuar con las investigaciones a otras autoridades, con el fin de lograr una administración de justicia más profesional y ética a partir de la entrada en vigencia la Ley Orgánica.

Una de las principales causas por las que se destituyó a varias autoridades judiciales, fue porque no eran abogados, no obstante éstas destituciones fueron calificados en su momento de ilegales por lo dispuesto en el Arto. 166 de la Constitucional Política sobre la igualdad de facultades en el ejercicio de la función jurisdiccional para los jueces, sean abogados o no.

Lo cierto es, es que son muchas la cantidad de denuncias en contra de autoridades judiciales que son abogados por actuaciones graves en el ejercicio de sus cargos e incluso han sido denunciados de corrupción, sin embargo han sido mantenidos en sus cargos por la CSJ, quienes nunca se pronuncian en relación a estas denuncias y vemos cada vez con mayor frecuencia fallos totalmente arbitrarios y fuera de la ley, en abierta violación a las normas del debido proceso judicial, lo que continúa obstaculizando una mejor administración de justicia en nuestro país.

En 1998 entró en vigencia el Código de la Niñez y la Adolescencia, que enfrentará serios problemas de aplicación por la falta de presupuesto de la CSJ, que no está en capacidad de asumir los costos que implica la creación de juzgados penales de distrito de adolescentes y la capacitación a jueces y secretarios de dichos juzgados. Además de no contar la CSJ con el equipo interdisciplinario especializado.

En su artículo 113, el Código de la Niñez y la Adolescencia establece que estos juzgados especiales serán creados por la CSJ, a más tardar en los 18 meses posteriores a su publicación. Al cierre de este informe, la CSJ solamente había creado 2 Juzgados Penales de Distrito de Adolescentes como tales, uno en Managua y otro en Ciudad Darío para cubrir la jurisdicción de la Región I y VI del país, en el resto de los casos, sólo confirió competencia a los Juzgados de Distrito del Crimen de Granada, Masaya, León, Juigalpa, Bluefields y Puerto Cabezas para fungir como Juzgados Penales de Distrito de Adolescentes por Ministerio de Ley en la jurisdicción de sus respectivas regiones.

Similar situación se da con la creación de los tribunales arbitrales de la propiedad, contemplados en la Ley 278 sobre Propiedad Urbana y Agraria, que establece la selección de 250 abogados para la conformación de estos nuevos tribunales. Esta selección estaba prevista para 1998, pero por falta de presupuesto no fue posible hacerla, lo que mantiene en suspenso gran cantidad de juicios en materia de propiedad.

El problema de la retardación de justicia es uno de los principales obstáculos para hacer efectivo el derecho de los nicaraguenses a la misma. Esta se expresa en la gran cantidad de reos cuyas causas se encuentran en proceso.

Según datos del Sistema Penitenciario Nacional, de 5,610 internos en los diferentes penales del país,1,740 están esperando que se les dicte sentencia. Este dato representa un 32 % de internos que sufren de retardación de justicia en sus procesos, mismo que consideramos no refleja en su totalidad el problema, pues sólo se está tomando en cuenta a los reos que se están en los centros penales, sin incluir a la gran cantidad de reos que se encuentran en las celdas de policía que habiéndoseles dictado Auto de Prisión, no han sido remitidos al sistema penitenciario.

Otro ejemplo claro de retardación de justicia, que si bien no es atribuible al Poder Judicial, evidencia la obstaculización de la justicia por otros poderes del Estado. Nos referimos al caso de Zoilamérica Narváez, quien en el mes de junio presentó acusación en contra del diputado por abusos sexuales ante la Juez Primero de Distrito del Crimen, Dra. Martha Quezada.

Aún cuando la Dra. Quezada actuó diligentemente y apegada a derecho remitiendo las diligencias a la Asamblea Nacional para que se pudiera dar curso a dicha acusación, la directiva de la Asamblea a la fecha no se ha pro-nunciado en relación a la solicitud de desaforación del diputado Ortega, que Zoilamérica introdujo de forma directa ante la Asamblea Nacional, trámite indispensable para que la acusación en referencia sea investigada por la autoridad competente.

De igual manera, el problema de la retardación de justicia se expresa en la gran cantidad de recursos interpuestos ante la CSJ, algunos de los cuales no han sido fallados, a pesar de estar en trámite desde hace varios años.

En 1998 fueron interpuestos varios recursos en contra de diferentes instituciones del Estado y de leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. Entre éstos, destacan los 40 Recursos por Inconstitucionalidad que simul-táneamente fueron introducidos el 11 de febrero ante la CSJ, en contra de la Ley de Propiedad aprobada en 1997, como adéndum a otro Recurso de Amparo presentado un mes atrás contra ocho de sus artículos.

Este año, como parte del trabajo del CENIDH, la Dra. Vilma Núñez en su carácter de ciudadana, interpuso cuatro Recursos de Amparo y un Recurso por Inconstitucionalidad en contra de los Artículos 29 y 31 de la Ley 290 de Organización, Competencia y Proce-dimiento del Poder Ejecutivo. Hasta la fecha, ninguno ha sido resuelto, al igual que los que desde hace varios años se interpusieron, en especial el Recurso por Inconstitucionalidad que interpuso en 1996 en contra de la Ley 228 de la Policía Nacional. Otros casos, en que los recursos fueron interpuestos por ciudadanos y que el CENIDH acompañó en sus gestiones, tampoco han sido fallados por la CSJ.

Otro de los grandes obstáculos para un verdadero acceso a la justicia lo constituye la impunidad imperante en nuestro país. Este año, la fragilidad del Poder Judicial frente a las altas esferas del gobierno quedó en total evidencia, al no actuar beligerantemente y sancionar a los funcionarios gubernamentales que se vieron involucrados en delitos de corrupción y malversación de fondos en varias instituciones de gobierno, incluso aún después de que la Contraloría General de la República señalara sus responsabilidades.

Uno de los ejemplos más flagrantes ocurrió en el polémico y sonado caso del «narcojet» en el que resultaron implicados altos funcionarios de gobierno y contra los que no se ejercieron las acciones penales correspondientes por los obstáculos de todo tipo que se pusieron en los tribunales de justicia para esclarecer los hechos. Tal fue el caso de siete altos funcionarios de diferentes instituciones estatales -Aeronáutica Civil, Dirección General de Aduanas y Ministerio de Construcción y Transporte, entre otras-, para quienes la Contraloría General de la República determinó responsabilidad penal y administrativa por su vinculación con la introducción al país y legalización del avión Lear Jet 35-A y de los cuales solamente dos guardan prisión.

Entre los siete funcionarios implicados estaba Pablo Hurtado Vigil, Viceministro de Construcción y Transporte, a quien la CGR encontró presunciones de responsabilidad penal y administrativa. No obstante, el Presidente de la República, en un acto de clara burla al Poder Judicial, ratificó a Hurtado en un cargo del que ya había anunciado lo iba a cambiar, para que así continuara gozando de inmunidad y no se pudiera ejercer ninguna acción penal en su contra. Días antes el Presidente había declarado como «ofendido» en el proceso judicial, que aún se está ventilando en el Juzgado I de Distrito del Crimen, demandando se sancionara a todo aquel que resultara involucrado en la comisión de los delitos en torno al «narcojet».

Durante el desarrollo del proceso judicial, se llevaron a cabo varias inspecciones al avión, incluyendo la realizada por un agente de la Policía de El Salvador, al que días después mataron en San Salvador en circunstancias aún no esclarecidas y en la que determinó la existencia de cocaína en el interior del mismo. Posteriormente, la Procuraduría Penal solicitó una ins-pección más que fue realizada por otro técnico experto de la DEA y que sor-prendentemente determinó que no había rastros de cocaína dentro del avión.

Ante la posibilidad que incluso los medios de comunicación se plantearon, en el sentido de que el avión pudo haber sido «lavado» para borrar el cuerpo del delito, el técnico afirmó no tener experiencia en relación al comportamiento del aparato para detectar la presencia de droga en una superficie que habiendo sido analizada y dado positivo hubiere sido lavada y analizada nuevamente. De igual manera, se declaró en incapacidad para determinar si los factores climáticos y ambientales pudieron haber incidido en la detección de la cocaína.

Tal circunstancia fue utilizada por la Procuraduría para solicitar más tarde a la judicial la anulación de todo lo actuado bajo la justificación de no poder solicitar un tercer peritaje que dirimiera la contradicción entre los dictámenes por haber concluido el período probatorio.

Al cierre de este informe, el proceso judicial aún no había concluido, sin embargo han sido más que evidentes todas las maniobras que se vinieron dando para lograr que este delito quede en la impunidad, lo que se confirmó aún más con la actuación de la Procuraduría que prácticamente se convirtió en defensor de los procesados, al hacer un pedimento que sólo pretende la absolución de los mismos, sin mencionar todas las presiones y amenazas que progre-sivamente se vinieron ejerciendo en contra de la Jueza I de Distrito del Crimen, Doctora Martha Quezada, con el objetivo de impedir que a los responsables se les aplique la pena correspondiente.

Otro caso muy sonado y muestra evidente de la obstaculización de la justicia por parte de las altas esferas de poder, en este caso de la jerarquía eclesiástica en nuestro país, fue el asesinato de Karla Stulzer en el mes de enero. Las investigaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional en dicho asesinato, señalaron como principal sospechoso al señor Simón Pedro Trejos Chávez, conductor personal del Obispo de la Diócesi de León Monseñor Bosco Vivas Robelo, sin embargo fue la misma policía quien más tarde se encargó de absolverlo de toda responsabilidad, aún antes de que la Jueza I de Distrito del Crimen, Dra. Martha Quezada, ante quien se estaba ventilando el caso, se pronunciara al respecto.

Todo esto como consecuencia de toda la presión que desde un inicio vino ejerciendo el Señor Obispo Vivas Robelo en favor de su conductor, por quien interpuso sus «buenos oficios» ante autoridades eclesiásticas y de gobierno e incluso brindó varias declaraciones públicas dando fe de su inocencia. Finalmente, Simón Pedro fue sobreseído y el caso continuó en contra de Douglas Acevedo Castillo y otros, quienes fueron absueltos en Jurado de Consciencia.

Otra clara expresión de impunidad, fueron las muertes que se dieron este año producto de la actuación de agentes de policía, a quienes no se les aplicó la sanción correspondiente, a pesar de que su responsabilidad en los hechos fue evidente. En muy pocos casos, dichos agentes fueron remitidos a las autoridades judiciales y cuando lo fueron se les sobreseyó o el jurado de conciencia los declaró inocentes, lo que sólo confirma el temor que sigue primando en las autoridades judiciales y en las personas que componen los jurados de conciencia de declarar culpables de algún delito a autoridades policiales.

Tal fue el caso del joven Roberto José García Murillo, quien en el mes de enero murió 2 días después de haber sido seriamente golpeado por 3 agentes del Departamento IV de la Policía Nacional durante su persecución y llevado a dicho departamento sin brindarle atención médica a pesar de que el detenido se los pidió por los fuertes dolores que tenía. Estos agentes fueron denunciados por la madre del joven García Murillo y procesados por homicidio preterintencional en el Juzgado I de Distrito del Crimen, donde se les dictó Auto de Prisión, pero fueron absueltos por el jurado de conciencia, en donde estuvieron presentes varias autoridades policiales como parte de los mecanismos de presión que durante todo el juicio vinieron ejerciendo en favor de los agentes encausados.

El año cerró con otro gran escándalo en el que nuevamente el gobierno se vio directamente involucrado. El 23 de diciembre, la Policía Nacional detectó un plantío de 100 manzanas de marihuana en la Hacienda La Pica número 2 en Sabana Grande, propiedad de la Empresa canadiense Hemp Agro Internacional Nicaragua, que funcionaba en el país por autorizaciones que les fueron otorgadas por la Dirección General de Aduanas DGA y el Ministerio Agropecuario y Forestal MAG-FOR.

La Dirección General de Aduanas fue quien inicialmente autorizó la introducción al país de 15 toneladas de supuesta semilla de cáñamo y posteriormente el MAG-FOR autorizó que dichas semillas fueran sembradas y cultivadas en el país.

Sin embargo, tanto la Policía como el Ministerio de Salud confirmaron en varias ocasiones, después de haberlas sometido a repetidos análisis durante las investigaciones que se llevaron a cabo, que se trataba de marihuana.

Frente a un hecho calificado como un hecho sin precedentes en la historia del narcotráfico en Nicaragua, la Procuraduría Penal de Justicia interpuso la denuncia ante la Jueza II de Distrito del Crimen, Dra. Orietta Benavides, señalando como procesados únicamente a los 8 canadienses socios de la empresa Hemp y al nicaragüense Oscar Danilo Blandón, de los cuales sólo Thomas Wylie, representante de la misma, se encuentra detenido.

Sin embargo, en ningún momento señaló como presuntos implicados a funcionarios de gobierno que directamente tuvieron que ver con el otorgamiento de las autorizaciones y más bien dichos funcionarios, alegan ahora haber ignorado totalmente la situación, empezando por el Ministro Agropecuario y Forestal, Mario de Franco, quien hasta se presentó en calidad de ofendido ante la Procuraduría aún cuando fue el Ministerio presidido por él, quien legalizó la siembra y cultivo de dicha semilla en el país.

La defensa solicitó a la judicial se citara a declarar en calidad de procesados a varios funcionarios del MAG, incluyendo al Ministro De Franco, pero éste declaró como ofendido y responsabilizó del hecho al Director General de Semilla del MAG, César Boza Miranda, aduciendo que es él quien firma las autorizaciones de semilla.

Al cierre de este informe, la Jueza Benavides aún no se había pronunciado en relación al caso, sin embargo el Presidente de la República Dr. Arnoldo Alemán se pronunció en torno a la inocencia de sus funcionarios y se publicaron en algunos medios de comunicación, comunicados y cartas dirigidos por empresas privadas y prominentes personalidades de Nicaragua, expresando su total apoyo al Ministro de Franco y absolviéndolo de toda responsabilidad, como mecanismos de presión tendientes a obstruir nuevamente la justicia.

Violaciones de derechos humanos

En 1998, el CENIDH recibió 289 denuncias en contra de las autoridades del Poder Judicial, lo que representa un 20% del total de denuncias recibidas. De estas 289 denuncias, en 145 casos se constató violación a los derechos humanos, principalmente a las garantías procesales, acceso a la justicia e igualdad ante la ley, entre otros.

Situación Penitenciaria

En 1998, el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) albergó a 5,610 internos, sin contar la gran cantidad de reos que permanecieron en las celdas policiales, generalmente en condiciones infrahumanas por falta de recursos económicos de la Policía Nacional y de la prevaleciente retardación de justicia. Estas realidades agudizaron la crisis carcelaria a lo largo de todo el año.

Estos reos que se albergaron en las unidades policiales de la capital no fueron recibidos por el sistema penitenciario, pese a haber orden judicial para su remisión, aduciendo el SPN falta de capacidad y de presupuesto.

La situación en el SPN mantuvo hacinadas las celdas preventivas de la Policía Nacional, situación que provocó serios problemas con los reos, como lo fue el amotinamiento en las celdas de la Estación II de la Policía Nacional, el 19 de febrero, como protesta por las precarias condiciones de vida dentro de las celdas; y la fuga de 14 reos en el mismo departamento policial el 20 de julio.

A mediados del año acordaron iniciar traslados periódicos de reos al SPN, lo que ha disminuido el conges-tionamiento en las celdas policiales.


Hacinamiento en celdas policiales

Este año, y debido fundamental-mente a la sobresaturación de la cárcel de La Esperanza, se inició también la remisión de mujeres con auto de segura y formal prisión a la Cárcel Modelo de Tipitapa. Para las mujeres se destinaron las instalaciones donde se encontraba el hospital de los internos. En sólo tres meses que tiene de haberse imple-mentado esta medida, 72 internas pasaron a la Modelo, lo que significó un gran descongestionamiento en la cárcel de La Esperanza, cuya capacidad estaba sobresaturada y ahora están sólo internas que ya fueron condenadas.

Si bien esta medida vino a solucionar parcialmente el problema del hacina-miento en La Esperanza, agudizó aún más el que existía en Tipitapa que, aún siendo el penal con mayor capacidad del país, continúa trabajando con el mismo personal penitenciario y médico, salvo algunas variaciones introducidas en el personal destinado a atender a las internas.

El Sistema Penitenciario Nacional, con un presupuesto de 45 millones 960 mil 122 córdobas, cuenta con sólo 1,053 funcionarios, de los cuales un 67% devenga un salario de 540 córdobas mensuales, lo que produjo en el período 1997-98, 477 solicitudes de baja. El SPN demandó para 1999 un presupuesto de 58 millones de córdobas, para atender a unos 6 mil internos, incrementar un poco el pésimo salario devengado por sus funcionarios y continuar con las inversiones de construcción y remodelación de los centros penales del país. A pesar de tantas necesidades, el Ejecutivo pretende reducir en 1999 el presupuesto al SPN en un 10% en relación al presupuesto de 1998, lo cual es verdaderamente irresponsable.

Valoramos como muy positivo el inicio en este año de la implementación del proyecto de reformas al Sistema Penitenciario Nacional por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Gobernación, proyecto llevado adelante con financiamiento nacional y externo. Se definieron como prioridades del proyecto la construcción de tres nuevos penales para descongestionar los existentes y reducir las condiciones de hacinamiento, la capacitación al personal y la rehabilitación humana y profesional a los reos. También, la creación de una base de datos en el SPN para dar seguimiento y agilizar los procesos de cada uno de los internos.

Contempla también el proyecto el restablecimiento del régimen abierto y semiabierto en las cárceles, para permitir a los internos con buen comportamiento y condena avanzada trabajar fuera del penal y realizar visitas a sus hogares como forma de estimular su rehabilitación. Se prevé también el mejoramiento de la infraestructura en las celdas preventivas de las estaciones de policía. Como el proyecto se desarrolla muy lentamente, fueron muy pocos los cambios que se pudieron llevar a cabo dentro del SPN en 1998.

Violaciones a los derechos humanos

En 1998, el CENIDH recibió un total de 21 denuncias en contra de las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional, en 10 de las cuales constató violaciones a los derechos humanos de los internos. Muchos internos en condiciones críticas de salud no recibieron la atención médica requerida y fue constante el incumplimiento de oficios girados por autoridades judiciales, solicitando la remisión a los diferentes centros hospitalarios, para hacerles algún reconocimiento o intervención quirúrgica.

De igual manera, se constataron violaciones a la integridad física de los internos. Destaca el incidente ocurrido el 28 de diciembre de 1997 en Tipitapa, en el que cuatro internos fueron lesionados por el Teniente Primero Santos Mercado, que hizo un uso irracional y excesivo de la fuerza en una situación que bien pudo haber resuelto con una amonestación. Aunque las autoridades penitenciarias aplicaron una sanción a Mercado, democionándolo de su cargo, la sanción no se correspondió con la gravedad de su actuación, que constituyó delito y no fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial competente.

Destacó también el caso de dos mujeres que fueron requisadas por autoridades del SPN de Tipitapa por presunta introducción de drogas al penal y a las que se les violentó su integridad física y moral al ser desnudadas y sometidas a una supuesta reconstrucción de los hechos a través de un video en el que se filmaron hechos que nunca ocurrieron, como la supuesta entrega de la droga por parte de una de las mujeres a su cónyuge. En este caso, el CENIDH cuestionó el hecho de que las autoridades penitenciarias, habiendo constatado la comisión de un delito, no hubieran remitido lo actuado a la autoridad judicial competente como era su obligación, sino que aduciendo razones de humanidad, optaron por realizar un dudoso acuerdo y acta de entrega de la droga firmado por las mujeres.

Las condiciones penitenciarias continúan siendo precarias y son causa principal de violaciones a los derechos humanos de los reclusos. Las mayores dificultades se encuentran en la alimentación y los servicios médicos recibidos dentro de los penales. La falta de presupuesto no permite proporcionar a los internos una alimentación adecuada y, aunque se les garantizan los tres tiempos de comida, éstos no se corresponden en cantidad y mucho menos en calidad con las necesidades de los internos.

Igual sucede con los servicios médicos. En todos los centros hay un gran número de pacientes crónicos -diabéticos, hipertensos, alérgicos y asmáticos- que no reciben atención adecuada, así como internos con serios trastornos mentales o que padecen enfermedades transmisibles -dengue, malaria y tuberculosis-, para los que no existen ni salas adecuadas ni la atención especializada que necesitan.

En todo el Sistema Penitenciario Nacional sólo existen siete médicos por cada 801 reos aproximadamente, lo que genera insuficiencia en los servicios. No se cuenta con las medicinas necesarias, lo que hace imperativo remitirlos a los diferentes centros hospitalarios para su debida atención. Sin embargo, la atención que se les brinda se les da tardíamente y con grandes dificultades porque no se dispone para ello de medios de transporte, combustible o suficientes custodias para los traslados.

Existe, además, resistencia de parte de los hospitales y centros de salud a brindar atención no sólo a los internos del SPN, sino también a los que guardan prisión en las estaciones de policía, que tampoco cuentan con salas especiales. Los hospitales cobran a internos y detenidos no sólo por la consulta sino por la realización de los exámenes y la elaboración de las epicrisis.

También existen problemas en relación al régimen de visitas, sobre todo en lo que se refiere a la requisa que les hacen a los familiares de los internos, que se han quejado por ser ésta excesivamente minuciosa y prestarse a abusos, como la sustracción de algunos objetos o alimentos que traen los familiares y quedan en manos de las autoridades penitenciarias. También se han denunciado abusos en la requisa personal, la que por falta de medios técnicos adecuados degenera en tratos degradantes y violatorios a los derechos humanos.

Pese a las precarias condiciones penitenciarias, no se dan en las cárceles grandes problemas de carácter disciplinario, ni mayores niveles de conflictividad. Las acciones de violencia y transgresión a las normas de disciplina sólo se presentan esporádicamente. No existe tampoco en el SPN la práctica de penas corporales. La pena máxima consiste en el encierro en las celdas de castigo, donde las condiciones son infrahumanas. El CENIDH recomienda nuevamente su debida remodelación.

Personal penitenciario

La situación en la que trabaja el personal penitenciario no dista mucho de la que viven los internos. Adolecen prácticamente de las mismas pri-vaciones y existe una gran sobrecarga laboral y falta de estímulos entre ellos y ellas para que realicen bien su difícil trabajo.

El número de funcionarios es inferior al que requiere la población penitenciaria. Por falta de presupuesto, no se les provee de medios adecuados que garanticen su seguridad si tienen que enfrentar eventuales actos de indisciplina. No cuentan con técnicas disuasivas ante disturbios y sólo disponen de bombas lacrimógenas, pero no de máscaras o chalecos. Por esto, ante acciones de violencia, buscan ejercer el control con un uso excesivo de la fuerza, lo que resulta en la violación a la integridad física de los internos.

A pesar de toda esta situación, mantenemos que en los centros penales de Nicaragua no prima una situación de violación de los derechos humanos por malos tratos del personal penitenciario, y señalamos de nuevo que la violación se da como consecuencia de las condiciones materiales en la que viven funcionarios y presos por falta de presupuesto. En este sentido, es meritorio el esfuerzo de las autoridades penitenciarias por tratar de subsanar en la medida de lo posible las grandes limitaciones que atraviesa el SPN y de respetar los derechos humanos de los internos.

Sin embargo, vemos con suma preocupación el hecho de que en 1998 se incrementó el número de denuncias en contra de la institución por presuntos malos tratos a los internos, y aunque la mayoría de estas denuncias resultaron infundadas, en otras sí se constataron violaciones a la integridad física de los internos. Estas denuncias podrían estar revelando una tendencia negativa en la actuación de las autoridades peni-tenciarias, la que también se ha venido evidenciando en el comporta-miento de los internos, que en algunos casos extremos atentaron contra su integridad física y aún contra sus vidas, como una forma extrema de protesta por las deplorables condiciones en las que viven.

En 1998 el SPN reportó varios suicidios en los diferentes centros penales. Según versiones de la misma institución obedecieron en la mayoría de los casos a serios trastornos mentales de los internos o a problemas familiares. No podemos descartar la posibilidad de que sean otras las causas que estén induciendo a los internos a elegir esta trágica opción.

Vemos también con preocupación los actos de corrupción que en 1998 se descubrieron en cinco centros penales del SPN, donde se vieron involucrados altos funcionarios de la institución por malversación de fondos y que atentaron no sólo contra la imagen que hasta ahora había mantenido la institución -considerada una de las más respetuosas de los derechos humanos de los internos en toda Centro América-, sino que atentaron también contra el derecho de los internos a condiciones dignas en los penales, pues la desviación de estos fondos significó para ellos la privación de sus necesidades básicas.

Estos hechos podrían representar un lamentable retroceso en los esfuerzos que las autoridades penitenciarias han venido haciendo para mejorar las condiciones de los penales, aún dentro de severas limitaciones.

Otro hecho que afectó seriamente la buena imagen del SPN, fue la insólita conferencia de prensa que brindaron los procesados en las instalaciones del penal de Tipitapa, en octubre pasado, sobre el caso del «narcojet». La autorización para esta conferencia de prensa de parte de la Dirección del Sistema Penitenciario constituyó un claro caso de discriminación frente a otros internos y por esto, una violación al principio de igualdad ante la ley que tiene el resto de la población penal, a la que nunca se le ha permitido un privilegio semejante. Constituyó también una arbitrariedad sin precedentes el concederle a los procesados el ejercicio de un derecho ciudadano que tienen suspendido en virtud de sentencia interlocutoria de Auto de Prisión dictada por la Juez Primero de Distrito del Crimen, Doctora Martha Quezada, a cuya orden se encontraban cuando este hecho sucedió.

3.6 Libertad De Expresión

En 1998 el ejercicio de la libertad de expresión y opinión se ha deteriorado tal vez en mayor medida que en 1997, a causa de las medidas económicas adoptadas por el gobierno, que violentan los derechos económicos y sociales de los periodistas, fragmentan sus gremios y tienden a controlar los medios de comunicación social mediante el chantaje económico.

«Las medidas económicas han repercutido de manera negativa en el derecho al trabajo de los hombres y mujeres de prensa, quienes ya no trabajan por salarios sino por subsistir -identificó así el problema Juan Alberto Henríquez, presidente de la Unión de Periodistas de Nicaragua UPN-. Y agregó: «Es muy difícil hablar de libertad de expresión cuando los periodistas tienen que restringir su pensamiento, ocultar hechos y favorecer con una buena imagen o un buen nombre a un funcionario del gobierno o de la empresa privada para poder obtener de ellos una dádiva».

Esta situación no sólo lesiona la libertad de expresión de los profesionales sino el mismo derecho de la población a disponer de una información libre, objetiva y promotora del desarrollo social, político y económico.

Al instalarse en el poder -enero 97- el gobierno tomó la decisión de concentrar la publicidad estatal en sólo tres agencias publicitarias afines al gobierno. Este monopolio se diseñó de acuerdo a objetivos políticos y distribuyó la publicidad de las instituciones estatales entre los medios incondicionales del gobierno. La intención era ahogar a otros medios independientes.

Con estos antecedentes, asumió en enero de 1998 la dirección de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, el Sr. Jaime Morales Carazo, quien inició sus funciones criticando la política informativa y publicitaria del gobierno, ofreciendo modificarla. Manifestó Morales Carazo que «utilizar los fondos del Estado para premiar o castigar a los medios de comunicación es nefasto». La solución que ofreció fue ampliar el abanico publicitario, pero en la realidad sólo lo hizo después entre medios simpatizantes del gobierno que antes no habían gozado de pautas publicitarias, quedando siempre fuera los medios independientes.

Esta circunstancia, unida a otros factores derivados de la naturaleza de la empresa y de la actitud de sus dueños, culminó en el mes de enero en la quiebra del diario «Barricada», lo que dejó en el desempleo a 250 trabajadores, entre ellos a 56 periodistas, quienes enfrentaron dificultades en el pago de sus liquidaciones, ya que la empresa se declaró; insolvente para cumplir con sus obligaciones patronales. Varios trabajadores despedidos, tras sostener una prolongada huelga de hambre que encabezó la docente Floricelda Rivas, lograron a finales del mes de marzo que se les pagaran sus salarios. Durante toda la huelga contaron con el apoyo y con la mediación del CENIDH.

Otro efecto negativo de la discriminatoria política gubernamental es la situación de aproximadamente 40 periodistas que han tenido que emigrar, especialmente a Estados Unidos, ante el cierre de sus espacios de trabajo. Según Juan Alberto Henríquez, los candados puestos por el gobierno a la publicidad estatal ocasionaron la quiebra de 65 espacios radiales, con la consiguiente cesantía de centenares de periodistas, que pasaron a engrosar las crecientes cifras de desocupados.

En el mes de septiembre tomó posesión de la Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia el Lic. Gilberto Wong, sustituyendo al Sr. Jaime Morales Carazo, quien ofreció a los periodistas y dueños de medios una mayor apertura y una distribución más equitativa de las pautas publicitarias. Desde su llegada al cargo se notaron leves cambios y algunos periódicos y radioemisoras excluidos de la publicidad estatal, se les empezó a pautar con anuncios gubernamentales.

Lamentablemente, la apertura publicitaria propiciada por la Secretaria de Comunicación ha sido manipulada por el gobierno que, además de propagandizar sus actividades, dirige con frecuencia mucha de su publicidad a atacar la honra y reputación de funcionarios honestos que se apegan a la ley en el cumplimiento de sus funciones. Es el caso de la campaña de desprestigio contra el Contralor General de la República, Ing. Agustín Jarquín, empe-ñado, en el cumplimiento de su mandato constitucional, en investigar los casos de corrupción que proliferan en el Estado.

Hubo otros casos que cobraron gran notoriedad y en los que fue utilizada la publicidad para deslegitimar las luchas populares e injuriar a las personas, tales como la huelga médica Pro-Salario, la lucha de los trabajadores de la Empresa Nicaraguense de Telecomunicaciones, ENITEL.

Para lograr sus fines no les importa violar la ley y con mensajes subliminales engañar o inducir a laopinión pública, por ejemplo, el Presidente de la República, Dr. Arnoldo Alemán, violando el artículo 25 de la ley sobre Características y Uso de los Símbolos Patrios, aparece en un spots televisivo abrazando a una anciana nicaragüense, ocupando el lugar del escudo en la bandera nacional. La ley manda que «no debe estamparse leyendas de ninguna clase sobre la Bandera Nacional, ni usarse en forma que signifique anuncio».

Estos hechos además de constituir una explotación de las necesidades de sobrevivencia de los periodistas, la estrategia del Ejecutivo implica una violación a la ética periodística y a la libertad de expresión.

El monopolio publicitario adoptado por el gobierno fue criticado y condenado por organizaciones internacionales de periodistas, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que en 1998 condenó al gobierno de Nicaragua por violar el derecho a la libertad de expresión. Igual actitud tomaron la Federación Latinoamericana de Pe-riodistas (FELAP), la Organización Internacional de Periodistas (OIP), la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y los colegios y sindicatos de periodistas de Centroamérica y América Latina.

En el mes de enero, Danilo Arbilla, representante de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), aprovechó una entrevista con «El Semanario» de Managua para calificar de corrupto al gobierno de Nicaragua por «utilizar los recursos públicos en beneficio particular», asegurando que «establecer los anuncios en función de la línea editorial de los medios es un acto de corrupción y un atentado gravísimo contra la libertad de prensa y el derecho a la información». Según Arbilla, «es muy triste cuando la empresa privada además de libre es cobarde». «Hay países -dijo- donde el capital privado no es cobarde, defiende sus derechos, y hay otros donde la cosa no está clara; es entonces cuando quizá les guste congraciarse con el gobierno» Y añadió que «esas señales que emite el gobierno, además de atentar contra la libertad de expresión, son signo de la corrupción que se comete, al utilizar los dineros públicos en función de sus fines».

El respeto al quehacer y a la integridad de los periodistas ha sufrido diversos atentados durante 1998. En diversos conflictos colectivos, los trabajadores de la información fueron víctimas de presión y de agresiones de parte de los miembros de las fuerzas de orden público o de vigilantes privados, que trataron de limitar u obstaculizar el acceso a la información.

Entre los casos ocurridos en 1998 mencionamos los siguientes:

Durante la prolongada protesta del Movimiento Médico Pro-Salario fueron agredidos varios periodistas, entre ellos el director de Radio CEPAD Henry Gómez, quien se encontraba dando cobertura a un tranque ubicado en el Siete Sur. A Gómez le quitaron el vehículo y la licencia de conducir y fue sometido a interrogatorio. También Marcela Rivera, Marlon Salinas y el técnico Bayardo Fonseca, de «Radio Ya», fueron agredidos por la Policía cuando cubrían una protesta de los médicos a la entrada de Ciudad Sandino. El periodista Salinas fue detenido por algunas horas.

En la casi totalidad de estos casos no hubo ningún tipo de investigación del órgano policial. Y en el caso del director de Radio CEPAD, sólo determinaron responsabilidad administrativa.

Otro hecho de relevancia fue la demanda por injurias y calumnias que el consorcio mexicano Zeta Gas emprendió contra el noticiero «100 % Noticias» del Canal 8, que resultó embargado por la cantidad de 1 millón 250 mil dólares. La acción judicial se inició a causa de la transmisión en el noticiero de un reportaje de la televisión de Estados Unidos, que señalaba a Miguel Zaragoza, dueño de Zeta Gas -empresa presente en Nicaragua- de estar vinculados al narcotráfico. El caso tomó tanta notoriedad que miembros de la sociedad civil y diputados se pronunciaron en favor de legislar respaldando la libertad de prensa.

La acción judicial contra el Canal Telenica 8 se dió en el contexto de reiteradas denuncias que sobre corrupción administrativa han venido publicando diversos medios de comunicación. El CENIDH considera que el libre ejercicio de la libertad de expresión e información son fundamentos esenciales de la democracia y no pueden estar sujetos a los intereses de poderosos grupos económicos.

A lo largo de 1998 se reabrió el estatal Canal 6 de TV, que fue cerrado en abril de 1996. Su programación está orientada a divulgar la información gubernamental.

3.7 Elecciones en las Regiones Autónomas del Atlántico

El proceso electoral celebrado en 1998 en la Costa Caribe de Nicaragua tuvo como antecedente las reformas a la Ley Electoral acordada entre el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). De acuerdo al artículo 3 de la Ley 266, que reforma al artículo 204 de la Ley Electoral, se estableció en su inciso 1 que el presidente, el primer miembro y sus respectivos suplentes en todas las Juntas Receptoras de Votos (JRV) deben ser "designados alternativamente en las Regiones del Atlántico de un mismo partido, entre los partidos del primero y del segundo lugar, de los participantes en las elecciones regionales celebradas en 1994". Lógicamente, todos los designados pertenecían al PLC y al FSLN.

El mismo artículo 204 en su inciso 13 reformado establece que el Estado asignará un 10% del monto total de recursos para las elecciones de las Regiones Autónomas. Esta cantidad se distribuyó en un 50% entre los candidatos participantes en la elección y en el otro 50% de forma proporcional a los escaños obtenidos en las elecciones de 1994 por cada organización política participante. Según esta reforma, el PLC y el FSLN se aseguraron no sólo el control de los órganos electorales, sino también la mayor cantidad de financiamiento para su campaña, hechos que limitaron la competitividad real de las otras organizaciones políticas en las elecciones.

A petición de la Alianza Costeña -integrada por cinco partidos y asociaciones-, el CENIDH realizó lobservación electoral durante las elecciones celebradas el 1 de marzo. Con la debida acreditación, destinamos equipos de trabajo a la Región Autónoma del Atlántico Sur (Bluefields, Laguna de Perlas y Kukra Hill), a la Región Autónoma del Atlántico Norte (Bilwi, Waspán, Siuna, Rosita y Bonanza) y al Centro Nacional de Cómputos de la Ciudad de Managua.

El proceso electoral desarrollado en las Regiones Autónomas no puede valorarse de forma uniforme en las dos regiones, pues hubo entre ambas diferencias de tipo político y organizativo, y también en cuanto a la participación ciudadana, observándose elementos comunes en las dos regiones. En la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) participaron 13 agrupaciones políticas y en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) 14.

La nota más característica en ambas Regiones fue la escasa participación ciudadana, lo que pudo estar determinado por la falta de credibilidad que existía en los partidos políticos contendientes y la percepción negativa que del trabajo desarrollado por los Consejos Regionales Autónomos tenía la población de las dos Regiones. A esto se sumaron "problemas técnicos" con los documentos de votación y mala ubicación de las JRV.

Fue evidente la falta de propaganda que el CSE desarrolló para llamar a los ciudadanos costeños a ejercer su derecho al voto. En este sentido, destacamos el esfuerzo desarrollado por los ONGs IPADE y CEDEHCA para motivar al ejercicio del voto con campañas de educación cívica, lo que contribuyó también a despolarizar el ambiente pre-electoral.

Según observó el CENIDH, en la zona de las Minas hubo ineficiencia en los funcionarios de cedulación para la distribución de las cédulas y documentos supletorios, pues faltó información a los pobladores sobre la ubicación de los lugares y fechas de entrega de los documentos. En la comunidad La Ramalota, de Siuna, 106 familias no pudieron votar porque los técnicos no penetraron en esa zona. Sin embargo, en toda la RAAS, y en Bilwi y Waspán -en la RAAN- varios partidos políticos entrevistados por el CENIDH reconocieron los esfuerzos de los funcionarios para lograr que los ciudadanos pudieran obtener su documento de votación. En el caso del Consejo Electoral Regional (CER) de la RAAS, se habilitó un día más para la entrega de documentos, y en el CER de la RAAN se habilitaron dos días más. El PLC fue el único partido que cuestionó la labor del CER-RAAS, señalándolo de haber actuado fraudulentamente.

En todas las zonas se observó que la gran movilidad de la población costeña -por motivos de la actividad pesquera en gran cantidad de casos- influyó en la escasa participación electoral. El FSLN-RAAS mencionó que electores de Río Kama, de la Cruz de Río Grande y de Punta Gorda estaban tan poco motivados para votar que rompían los documentos supletorios que les entregaron, en protesta porque no se les había dado cédula.

En términos generales, las agrupaciones políticas pudieron desarrollar sus actividades organizativas y proselitistas sin obstáculos legales y sin la intervención de las autoridades o de la anunciada «presencia de grupos rearmados". Dirigentes políticos entrevistados por el CENIDH (10 en la RAAS, 12 en Bilwi y Waspán y 8 en cada una de las Minas) dieron fe de esto. Unicamente el PLC en Rosita denunció la «parcialidad» del Centro Electoral Municipal (CEM), de la Policía y del Ejército. Alianza Costeña cuestionó la capacidad y efectividad del CME de Siuna.

En el desarrollo de la campaña electoral existió una notoria diferencia organizativa y propagandística entre los partidos PLC y FSLN y el resto de las agrupaciones políticas participantes. El CENIDH fue testigo de que el PLC hizo regalos en la Costa a través de sus activistas de Managua, como camisetas, gorras y material proselitista. El CENIDH tiene abundantes pruebas (documentos, fotografías, videos y placas de vehículos estatales) sobre la participación de funcionarios estatales que hicieron campaña en favor del PLC, el partido de gobierno, produciéndose una evidente confusión Estado-Partido y una competencia desigual, donde en realidad se compitió no con un partido sino con todo el poder económico y simbólico del Estado mismo.

Cabe destacar que el PLC violó la disposición administrativa del Consejo Supremo Electoral (CSE) sobre la fecha para dar inicio oficial a la campaña electoral, adelantándola con una gira del Presidente de la República por las Regiones Autónomas en diciembre de 1997. Las actividades estatales del Presidente fueron abierta -e ilegalmente- aprovechadas para proyectar a los candidatos del PLC. En menor medida, el FSLN violó esa misma disposición al enviar saludos de fin de año instando a votar en la casilla de ese partido.

Las campañas políticas se desarrollaron en un am-biente de bastante tolerancia. Los incidentes -principalmente confrontaciones verbales- que se presentaron no tuvieron mayores repercusiones. Igual sucedió en las actividades de cierres de campaña. La mayoría de los incidentes registrados se dieron entre simpatizantes del PLC y del FSLN.

Activistas liberales destruyen propaganda del FSLN en Siuna.

El partido que mayor cantidad de denuncias en su contra acumuló fue el PLC por uso indebido de fondos estatales y destrucción de propaganda de los otros partidos. El FSLN-RAAS fue denunciado por destrucción de propaganda y difamación. El PIM, por utilizar los fondos de la oficina del Gobernador y la radio regional. Las denuncias interpuestas ante los CEM, CER y ante el Procurador Electoral no fueron tramitadas o conocidas en su fondo, aduciendo las autoridades que no reunían los requisitos formales, lo que generó desconfianza en el CSE.

El período del silencio electoral (25 de febrero al 1 de marzo) fue respetado por la mayoría de las agrupaciones políticas. No obstante, se presentaron algunas violaciones a esta disposición. El 26 de febrero, en Bonanza, la empresa canadiense HENCONIC ofreció ese día una cena a los Ministros del Trabajo y de INMINE, actividad que fue aprovechada por el Ministro del Trabajo Wilfredo Navarro para repartir gorras de su partido, el PLC. Posteriormente, en el Club Neptuno, y con la participación del Ministro Navarro y del sacerdote José Leónidas Mena, esta misma empresa entregó un carnet a los güiriseros, estableciendo que sería a partir de entonces un requisito para poder vender la broza a la empresa. El CENIDH tiene grabada en video esta actividad, que tuvo tintes proselitistas a favor del PLC.

En Rosita, el PLC, violó el Reglamento de Etica Electoral al desarrollar una campaña de desprestigio en contra del FSLN, atribuyendo motivaciones políticas al homicidio cometido por Franklin Altamirano en contra de su compañera Josefa Zamora. El CENIDH investigó debidamente el caso, coincidiendo con las autoridades de Policía en que fue un delito común sin motivaciones políticas.

En Bonanza, el Padre José Leónidas Mena usó el púlpito para inducir el voto a favor del PLC. El 26 y 27 de febrero, en la casa cural de Mena las brigadas liberales continuabam brindando asistencia médica y entregando recetas con el membrete del PLC, y en las pulperías de esa localidad se despachaban los productos en bolsas rotuladas con las siglas del PLC. Ambas situaciones pudieron ser constatadas por el CENIDH.

En Waspán, el CENIDH pudo verificar que activistas del PLC continuaron entregando máquinas de coser y de moler maíz el 28 de febrero y el 1 de marzo. El Viceministro de MEDEPESCA, Jaime Chow, fue requerido por las autoridades para que se abstuviera de hacer propaganda en favor del PLC por medio de una radio base, pero no hizo caso alguno. En Bluefields, el 28 de febrero, el PLC difundió, a través de la Radio Atlántico Sur, un noticiero que informaba sobre las obras inauguradas por el gobierno en la región, cerrando con la canción de campaña del PLC.

El 1 de marzo, los observadores del CENIDH visitaron en Bluefields el 64% de las JRV urbanas: en Laguna de Perlas 4 JRV, en Kukra Hill 5, en Siuna 56, en Bilwi 20 y en Waspán 7. En general, las votaciones se desarrollaron en un ambiente de "normalidad formal". La casi totalidad de las JRV visitadas abrieron a la hora indicada por la ley o con retrasos aceptables, todas tenían sus miembros completos y contaban con el material electoral necesario, salvo muy particulares excepciones. No obstante, la mala ubicación de las JRV en el área rural, incidió en el escaso ejercicio del voto, pues las distancias entre algunos centros de votación y el domicilio de los electores eran considerables y tenían que caminar en promedio entre 3 y 10 horas.

En la RAAS, la acreditación de los fiscales no presentó mayores dificultades. En Bilwi hubo entrega tardía de credenciales a los fiscales, en algunos casos con tres días de antelación a la votación, cuando la Ley Electoral establece que deben ser diez días. En ambas zonas también incidieron en crear confusión cambios de última hora que hicieron algunas organizaciones políticas.

En el sector donde están ubicadas las tres Minas -Siuna, Bonanza y Rosita- únicamente el FSLN y el PLC pudieron integrar en las JRV la totalidad de presidentes y segundos miembros que, conforme a la Ley, les correspondían. Los otros partidos y asociaciones tuvieron dificultades para integrar a los terceros miembros y a los fiscales. En Siuna, Alianza Costeña sólo acreditó a 37 terceros miembros y a 120 fiscales; Camino Cristiano a 23 terceros miembros y a 73 Fiscales. En esta zona el CENIDH documentó denuncias de que el PLC estaba comprando fiscales del PAMUC y de Alianza Costeña.

En ambas regiones, el día de la votación fue notoria la presencia de los fiscales de las agrupaciones políticas en las JRV. En Bluefields, Laguna de Perlas y Kukra Hill el promedio de fiscales presentes oscilaba entre 6 y 7, en las Minas oscilaba entre 3 y 5 y en Bilwi entre 8 y 13.

En cuanto al ejercicio del voto, el CENIDH observó en las diferentes JRV donde se hizo presente, que existían condiciones formalmente aceptables para garantizar el voto secreto y que el proceso de la votación marchaba con lentitud por la poca participación de los electores. En las comunidades de Santa Fe, Wani, Tadazna, La Fonseca, Danlí, El Hormiguero y El Guineo -todas de Siuna- se constató que muchos electores descubrían al llegar a su JRV que no aparecían en los padrones electorales. Situaciones de esta naturaleza también se presentaron en otras JRV.

El CENIDH constató que, en general, en el día de las votaciones se respetó la orden de no realizar proselitismo en las JRV. Hubo algunas excepciones, cuando llegaban electores con gorras o camisetas de partidos. Los equipos del CENIDH observaron con particular interés la recepción de las actas de las JRV en los Consejos Electorales Municipales y la transmisión de los resultados a través de ENITEL. En estos lugares estuvieron presentes fiscales de las diversas agrupaciones políticas. La información de las JRV comenzó a llegar de forma lenta y los resultados reflejaban un alto nivel de abstencionismo. Por ejemplo, el número de votantes en la zona de Siuna fue de 10,983 votantes, un 29% de los electores inscritos en los padrones.

El CENIDH considera que la desigualdad en la distribución de los fondos electorales y en la integración de los órganos electorales, sumada a la utilización de los recursos y bienes del Estado por parte del PLC y a la aparente falta de voluntad política e ineficacia de los mecanismos administrativos y legales para controlar y sancionar esta situación, afectaron la voluntad y capacidad de los electores de decidir libremente con sus votos.

El abstencionismo superó los cálculos hechos previamente y superó claramente los niveles de participación. Aunque formalmente todo el proceso electoral aparentaba estar bien organizado, la realidad mostraba que era imposible constatar el fondo de las irregularidades que se presentaron. Por esto, los observadoresdel CENIDH quedaron con la duda de si el abstencionismo era o no el resultado de un plan organizado, explicable por los problemas que se suscitaron en el proceso de cedulación, de entrega de documentos y de votación y con la incorrecta ubicación de algunas JRV.

Independientemente de las cuotas de concejales que hayan alcanzado las agrupaciones políticas, tan alto abstencionismo erosiona la legitimidad de los Consejos Regionales que resultaron electos, que en realidad llegan al poder con los votos de la mayoría de una minoría.

A pesar de la influencia que puede haber tenido en los resultados la campaña millonaria del PLC, que copó todos los espacios, a pesar de las denuncias de posible fraude -como la que originó la supuesta presencia en las Minas de un experto electoral mexicano- y a pesar de las infundadas denuncias del posible accionar de grupos de rearmados, podemos afirmar que hubo formalidad en las votaciones y en el escrutinio.

Cabe reconocer el eficiente trabajo desarrollado por la Policía Nacional y por el Ejército de Nicaragua en apoyo de las autoridades electorales.

En el Informe enviado a las autoridades, el CENIDH recomendó que se reformara la Ley Electoral en aras de garantizar la participación de todos los partidos en igualdad de condiciones y la independencia efectiva del Poder Electoral, no sólo instituyendo que la integración de los funcionarios electorales se realice al margen de influencias partidarias, sino también asignando a los funcionarios electorales los recursos económicos que garanticen adecuado apoyo logístico y honorarios dignos a quienes trabajen en las JRV.

Según los cómputos finales del CSE, el PLC obtuvo 44 Concejales (24 en el Atlántico Norte y 20 en el Sur); el FSLN, 25 (13 en el Norte y 12 en el Sur); YATAMA, 12 (8 en el Norte y 4 en el Sur); el PIM, 7 en el Sur; y la Alianza Costeña 2 en el Sur. Los dos Consejos Regionales quedaron conformados bajo la dirección de políticos del PLC, quienes impusieron su "mayoría" sin respetar el relativo pluralismo expresado en los resultados electorales.

La gran interrogante que dejaron abierta las elecciones y los mismos resultados electorales se refiere a la continuación y vigencia del proceso autonómico en el Atlántico y al destino de los recursos naturales. Con preocupación, el CENIDH escuchó en dirigentes de diferentes sectores como la presencia cada vez más evidente del narcotráfico podría corromper irreversiblemente a la sociedad costeña.